La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha admitido a trámite una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pide a la Xunta de Galicia que retire el recurso contra el decreto que establece la obligación de quemar carbón autóctono.

Según el texto de la iniciativa, consultado por Europa Press, los socialistas, a través de su portavoz en la Junta, Fernando Lastra, consideran "insolidaria" la posición del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno de España.

La proposición, que será debatida en el Pleno de la JGPA, explica en la exposición de motivos que el levantamiento de la suspensión cautelar del real decreto que prima la producción eléctrica con carbón autóctono por parte del Tribunal General de la Unión Europea ha supuesto una "buena noticia" para las comarcas mineras. Porque las medidas impedían la entrada en vigor de una decisión "vital" para la supervivencia de un sector "que sigue siendo fundamental para el tejido económico de estas zonas".

Los socialistas añaden que a esa noticia se ha sumado la decisión de las empresas eléctricas Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa de retirar todos los recursos que habían presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

No obstante, recuerdan que "sólo el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia mantiene un recurso contra la decisión del Gobierno de España". Señalan que las "reiteradas negativas" de la Xunta de Galicia, expresadas por su Presidente, Alberto Núñez Feijóo, a retirar este "último obstáculo a una medida esencial para cientos de familias en las comarcas mineras" deben ser objetivo de "rechazo por parte de las Administraciones local y autonómica de las zonas directamente afectadas".

"La máxima representación de una comunidad autónoma, la representación ordinaria del Estado en una comunidad autónoma, en este caso Galicia, no puede contar entre sus atribuciones la de obstaculizar la planificación eléctrica del Gobierno de España y de la Unión Europea en su conjunto y no debe socavar con sus acciones la viabilidad y el futuro de un sector que se ha entendido como estratégico desde las instituciones nacionales y comunitarias", dicen los socialistas en su iniciativa.