Cantabria recibirá 41,1 millones de euros del Estado para desarrollar políticas activas de empleo. En total, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el reparto de 3.100 millones de euros entre las diferentes comunidades autónomas.

De la cuantía asignada a Cantabria, 23,7 millones de euros corresponden a acciones en materia de empleo; otros 16,4 millones a formación; y 982.000 euros más se destinarán a modernización de los servicios públicos de empleo.

Dentro de las acciones de empleo, los 23,7 millones se repartirán entre planes de empleo (11,7 millones), promoción de la actividad económica y el empleo autónomo (2,9), promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales (166.000 euros), itinerarios de empleo (1,6 millones) y medidas de inserción laboral de personas con discapacidad (7,3 millones).

En el caso de las partidas asignadas a formación, esos 16,4 millones de euros se destinarán a formación de desempleados (9 millones), formación de ocupados (4,2 millones) y los 3,1 millones restantes corresponden al epígrafe 'flexibilidad'.

El reparto de estos fondos para políticas activas de empleo fue acordado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 24 de enero.

Según destaca en nota de prensa el Ministerio de Trabajo e Inmigración, las inversiones que el Gobierno central destinará a cada comunidad autónoma este año se incrementan o mantienen respecto a 2010.

Además, el Ejecutivo ha repartido más de 50 millones de euros entre las comunidades para prorrogar los contratos de los 1.500 orientadores de empleo que ya están trabajando en los Servicios Públicos de Empleo, a los que se sumarán 1.500 promotores de empleo más para reforzar la atención a las personas en situación de desempleo, desarrollando itinerarios de inserción sociolaboral individualizados que mejoren la preparación de los desempleados e incrementar sus oportunidades de acceder a un puesto de trabajo.

Por otro lado, también se ha aprobado la distribución territorial de 6 millones de euros en relación con las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a favor de las comunidades autónomas que han asumido la gestión de las ayudas (todas excepto el País Vasco, Ceuta y Melilla).

Asimismo, se establece una reserva de 11.509.516,50 euros, para dar cobertura a las necesidades imprevistas que surjan durante la ejecución del presupuesto, tanto en lo que se refiere a las comunidades autónomas, como para las ayudas que gestiona la Dirección General de Trabajo en uso de su propia competencia.