Una experta de la ONU pide ordenamientos que eviten que las terrazas interfieran en la movilidad de los discapacitados

La vicepresidenta del Comité Internacional de la ONU para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Peláez, ha defendido este viernes la aprobación de ordenamientos específicos en el ámbito municipal que eviten que el mobiliario urbano, y más concretamente las terrazas, interfieran en la movilidad de las personas con discapacidad.
Terraza de verano en una calle ourensana
Terraza de verano en una calle ourensana
EP
Terraza de verano en una calle ourensana

La vicepresidenta del Comité Internacional de la ONU para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Peláez, ha defendido este viernes la aprobación de ordenamientos específicos en el ámbito municipal que eviten que el mobiliario urbano, y más concretamente las terrazas, interfieran en la movilidad de las personas con discapacidad.

En una rueda de prensa ofrecida junto a la procuradora general, María Antonia Fernández Felgueroso, en la sede de la institución, en Oviedo, esta experta ha respondido así a las dificultades que la entrada en vigor de la Ley Antitabaco supone para el colectivo.

"Cualquier normativa o legislación de un ayuntamiento que pueda suponer obstruir el libre desplazamiento de las personas con discapacidad tiene que tomar en consideración la Convención", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que el derecho a la accesibilidad está recogido en el artículo 9 de la citada Convención, que nació en 2006 para subsanar la ausencia de una norma vinculante en el plano internacional.

Además, y tras su ratificación por España, un comité analizará el informe presentado por el Gobierno en abril con el fin de realizar recomendaciones que ayuden a los estados a la asunción de los retos del colectivo.

A la conferencia de Narváez, titulada 'Por qué una Convención para proteger a las personas con discapacidad' se suma la edición de un libro de bolsillo editado por la Procuradora General del Principado, en el que se recogen los cincuenta artículos de la Convención.

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