La economía sumergida en España supone alrededor del 17% del PIB. Así consta en un estudio de varios profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en el que se indica que el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones.

Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Los autores del estudio (María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez) concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes).

Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.

Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.