El administrador de empresas que se enfrenta a una pena de 55 años de cárcel y el pago de una multa de 21 millones de euros por defraudar a Hacienda ha declarado este jueves que "seguía instrucciones" del propietario de las entidades. "Estaba de administrador porque él estaba en el extranjero, pero hacía el trabajo de comercial y jefe de obra", ha indicado ante el titular de la sala 1 de lo Penal de Avilés, José Luis Niño.

M. L. R. ha insistido en que como administrador "tenía firma en el banco, aunque lo que yo hacía a diario era ir a la obra. No tenía capacidad decisoria" y, según ha indicado presentaba los papeles tributarios que le mandaban. En 2004, cuando se enteró de las inspecciones tributarias, "lo llamé para quitarme de todo". Se ha referido a Cristian Philippart de Foy, quien además de ser propietario de estas tres empresas asentadas en Avilés también lo es de un paquete de quince sociedades, que son a nombre de las que supuestamente se emitían las facturas falsas.

Dos peritos de la Agencia Tributaria, los que llevaron a cabo la investigación, han indicado que se investigó a esas sociedades, aunque no se encontraron, por lo que no se pudieron localizar y no se pudo iniciar actividad contra ellas. La conclusión a la que llegaron es que "se crearon exclusivamente para realizar facturaciones totalmente irreales e inexistentes" que tendrían como consecuencia una disminución de las cuotas tributarias. Estas entidades, además, ni siquiera tienen empleados según han confirmado los testigos.

El acusado figuraba como administrador de tres empresas que entre los años 2000 y 2003 habrían presentado datos falsos en el impuesto de sociedades y el IVA, según fiscalía. La Agencia Tributaria requirió documentación, pero únicamente se entregó la del último trimestre dado que, según se indicó en el juicio, el resto iba "en dos ordenadores y cajas en una furgoneta que tuvo un accidente camino de Madrid".

M. L. R. era administrador de la empresa Sociedad Studios Viales e Ingeniería, en la que, según el escrito del fiscal, defraudó 420.000 euros con cargo al impuesto de sociedades y cerca de 700.000 euros relativos al IVA. Cartney Trans es otra de las empresas que gestionaba y que defraudó dos millones de euros en el impuesto de sociedades y casi millón y medio de euros con cargo al IVA.

Por último, la empresa Newell 2000, de la que también era administrador el acusado, según fiscalía, defraudó cerca de tres millones de euros del impuesto de sociedades y otro millón de euros con cargo al IVA. De este modo, el supuesto fraude que le imputa la fiscalía asciende a cerca de ocho millones de euros.

La defensa, ejercida por José Carlos Botas, ha pedido la libre absolución de su cliente, al entender que fue "un hombre de paja" y "no era verdaderamente el gerente". La fiscalía, por su parte, ha dado por probados los hechos y que el propietario de la empresa "no ha podido acreditar ni una sola operación" de alguna de las empresas investigadas, de lo que entiende que no llevaba el control de la empresa. El juicio ha quedado visto para sentencia.