El proyecto de Ley del Olivar supera el debate de totalidad tras rechazarse las enmiendas de PP e IU

El proyecto de Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento andaluz, tras haber sido rechazadas por el PSOE-A las respectivas enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución planteadas por PP-A e IULV-CA.
Olivos en olivares de Andalucía
Olivos en olivares de Andalucía
EP
Olivos en olivares de Andalucía

El proyecto de Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios, ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento andaluz, tras haber sido rechazadas por el PSOE-A las respectivas enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución planteadas por PP-A e IULV-CA.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha indicado ante el Pleno que la futura Ley establecerá asimismo el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos. Ha confiado en que en la Cámara se desarrolle un debate muy productivo durante el cual se incorporen las mejoras al texto que los grupos consideren oportunas.

En el Pleno han estado presentes representantes del sector, algo que la consejera ha agradecido, así como su "participación activa" en el amplio proceso de debate promovido por la Junta previo a la llegada de la norma al Parlamento. Ha dicho que la voluntad del Gobierno al remitir el proyecto al Parlamento es que se haga una ley "digna" para los agricultores.

En defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo, el parlamentario del PP-A José Enrique Fernández de Moya ha indicado que el texto legislativo de la Junta es "inconcreto, genérico y no es una norma de fomento, sino proteccionista, que atenta contra la libertad de empresa", al tiempo que no contempla en absoluto el fomento de las explotaciones olivareras para que sean competitivas y rentables. Ha indicado además que el PSOE "ha perdido claramente el liderazgo político y social en defensa" del olivar ante la Unión Europea. Ha reclamado un plan andaluz de reconversión y modernización del olivar andaluz.

Por su parte, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha criticado que no se haya producido un acercamiento entre la Junta y los partidos sobre el contenido de la ley previamente a su remisión al Parlamento. A su juicio, la situación del olivar es "terriblemente negativa" porque en las dos últimas campañas los precios del aceite y de la aceituna de mesa "han estado muy por debajo de los precios de producción, y eso significa ruina". La norma que plantea el Gobierno, a su juicio, "no aborda los problemas".

El diputado del PSOE-A Felipe Luis Sicilia ha indicado que esta ley que plantea el Gobierno andaluz sí cuenta con recursos para el olivar e indica los objetivos que se deben lograr con las ayudas públicas. Ha criticado la demagogia del PP-A al decir que la norma no resuelve el problema de precios, y ha señalado que en Andalucía no se pueden fijar precios ni contratos tipo. Ha instado al PP a que en Europa, en cuyas instituciones tiene mayoría, defienda los intereses del olivar andaluz.

Contenido de la norma

El texto plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.

Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.

En líneas generales, la futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.

En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.

Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.

El documento de planificación, elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías. Con una vigencia de seis años, el plan incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones.

La aprobación del plan por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que se constituirá en un plazo de nueve meses tras la aprobación de la ley y que estará integrado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones públicas y del sector y especialistas en la materia.

Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20 por ciento de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21 por ciento y el 7 por ciento del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24 por ciento del valor de la producción agraria regional.

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