El portavoz del PP en Baleares, Antoni Fuster, ha considerado que el PSIB y, concretamente, los dirigentes del Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, Francesc Antich, Francina Armengol y Aina Calvo, respectivamente, deberían asumir responsabilidades políticas en caso de que se confirmen los supuestos delitos que se están investigando en el marco de la denominada operación Picnic.

Esta nueva operación de presunta corrupción apunta a que Unió Mallorquina presuntamente contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

Fuster ha subrayado en declaraciones a Europa Press que las acusaciones que se están vertiendo sobre personas vinculadas a UM son "muy graves" y que, en el caso de que se confirmaran, "la gente tendría que ser consciente de que estas personas son presidentes gracias a los votos comprados de UM".

Así, el 'popular' ha indicado que una posible manera de asumir esta responsabilidad política sería pedir perdón públicamente a la ciudadanía.

Por otra parte, cabe señalar que el consell polític de UM aprobó este lunes cambiar la denominación del partido por el de Convergència de les Illes Balears, así como fulminar su ejecutiva para nombrar un nuevo consejo de dirección permanente en el plazo de siete días. Asimismo, también se decidió cambiar la ubicación de la sede, después de que la actual fuese registrada el pasado viernes en el marco de la operación anticorrupción Picnic.

Preguntado acerca de la posibilidad de que el PP pueda alcanzar algún pacto de gobierno con el partido resultante de la antigua UM de cara a la próxima legislatura, Fuster ha incidido en que su formación no se plantea este escenario en estos momentos y que el PP está "centrado" en trabajar en su proyecto político con el que, ha proseguido, aspira a obtener una mayoría suficiente en los próximos comicios como para poder ejecutar su programa electoral íntegro sin necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas.

Respecto al cambio de siglas, Fuster ha señalado que el PP "respeta" esta decisión y prefiere no tildarla ni de positiva ni de negativa.

Por otra parte, el portavoz se ha referido también a las fianzas para evitar la cárcel de 300.000 euros que el juez ha decretado para la ex concejala de Medio Ambiente de Palma y ex número 2 de UM, Cristina Cerdó, así como de 100.000 euros para la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés. Cabe señalar que la Fiscalía también ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a UM.

En este sentido, Fuster ha insistido en que la postura del PP es la de "respeto total y absoluto" a las decisiones judiciales, al tiempo que ha confiado en que el proceso judicial se resuelva con "la máxima celeridad posible" para esclarecer los hechos.