Su contenido intenta igualar los derechos de los andaluces que viven fuera de la región con los de los residentes. Una de sus principales propuestas es que los no residentes puedan acceder a viviendas de promoción pública en los mismos términos que cualquier residente, para lo que se elimina el requisito de haber vivido una serie de años en el municipio donde se solicita la vivienda.Además, los andaluces en el exterior podrán inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo y acceder a la información necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo. También tendrán derecho a ser electores y elegibles y participar en iniciativas legislativas populares.