La coordinadora de EUPV y diputada autonómica de No Adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, ha anunciado este martes que la formación de izquierdas presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía sobre los "pagos millonarios" que la administración valenciana ha realizado al arquitecto Santiago Calatrava "por varios proyectos fantasmas" que no se han realizado.

Según ha afirmado Sanz en un comunicado, "entendemos que la Fiscalía debe conocer e investigar" estos hechos, y ha destacado que EUPV ha recopilado información de varios proyectos para llevarla a la Justicia, entre ellos, el anteproyecto de las torres ante la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el del Centro de Convenciones de Castellón y la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja (Alicante).

Sanz considera que estos pagos "han ido repitiéndose siempre que Calatrava aparece en la escena". "La estrategia una y otra vez es la misma: las arcas públicas desembolsan cantidades millonarias al arquitecto estrella del PP, después el proyecto no está hecho y como dice el viejo refrán: 'si te he visto no me acuerdo'", ha apuntado.

Entre estos proyectos, EUPV ha denunciado el pago de 2,5 millones de euros por parte de la Generalitat a Calatrava "por la redacción del anteproyecto de las torres que se debían construir ante la Ciudad de las Artes en Valencia, así como los 1,3 millones por el Centro de Convenciones de Castellón —actualmente paralizado por la Justicia— o los 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja".

"Las cantidades son astronómicas y lo más preocupante es que Calatrava sigue siendo el arquitecto de cabecera del PP, ponga el precio que ponga, sea el que sea el sobrecoste que generan sus obras, y lo más grave, haga o no haga la obra", ha criticado.

Para Sanz, "es sumamente preocupante que estos pagos se asemejen tanto a aquellos que está investigando la Justicia en el caso Palma Arena". Por esta razón, ha anunciado que llevarán esta situación a Fiscalía "porque queremos máxima transparencia en cada uno de los proyectos encargados por Camps a Calatrava" y que se explique "cómo se han encargado, si se ha cumplido la legalidad, y que sea la Justicia quien decida si el dinero pagado por nada debe devolverse a los ciudadanos".