La Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes el dictamen sobre el proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana con diez votos a favor (PP) y siete en contra (PSOE e IU).

El texto, que será ratificado definitivamente por el pleno del 10 de marzo, fija un plazo de dos años para que las administraciones implicadas solucionen los problemas sociales y urbanísticos de la Cañada, donde viven unas 20.000 personas de distinta tipología.

Si transcurrido ese periodo no se ha conseguido una solución, la Comunidad de Madrid podrá disponer libremente del suelo, lo que ha motivado el voto en contra de IU, que se opone a su venta y a posibles "maniobras especulativas".

"Ese es un plazo que no guarda relación con la realidad e invalida la posibilidad de que se alcance una solución duradera con esta ley", ha sostenido durante el debate la ponente de IU, Carmen Pérez-Carballo.

El PSOE también ha votado en contra porque considera que esta ley sólo sirve para pasar la "patata caliente" a los ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada), ya que no plantea "ningún instrumento de intervención ni desde el punto de vista urbanístico, ni medioambiental, ni social".

"Esta ley es un brindis al sol y este no es el camino para solucionar un grave problema de exclusión social", ha aseverado el diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo. A su juicio, el texto debería establecer que se aprobará un "Programa Integral de Actuación" antes de ordenar urbanísticamente la zona y que, para elaborar ese programa, se realizará previamente un censo de población.

La Ley de Cañada Real supone desafectar (dejar de pertenecer al dominio público) 15 kilómetros de terreno, es decir, que desaparece el reconocimiento de vía pecuaria y, por tanto, la protección que tenía como tal.

Los socialistas también han discrepado con la delimitación del terreno objeto de la ley, ya que a norte y sur del tramo que corresponde a la Cañada hay ocupaciones ilegales, como el poblado chabolista de El Gallinero, que creen que deberían haberse incluido.

Al dictamen se ha incorporado una enmienda del PP que permite que las familias que viven en el tramo que pertenece al término municipal de Madrid puedan quedarse a vivir allí, si el Ayuntamiento lo estima conveniente.

Para la ponente 'popular' Elena Utrilla, esta "ley marco" es un "paso adelante muy importante" para resolver un problema que dura ya 40 años, ha dicho, y ha explicado que será en la Mesa en la que están representadas las tres administraciones y los vecinos la que acuerde "instrumentos efectivos".

El PP, que no ha aceptado ninguna de las 20 enmiendas del PSOE, sí ha apoyado tres de las cuatro propuestas por IU, entre ellas una que garantiza a los ayuntamientos el acceso preferente al suelo, una vez patrimonializado, y otra que aboga por la "participación de los afectados representados en asociaciones debidamente acreditadas".

La ley cuenta con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Cañada Real, que hace tres días registró en la Asamblea más de 2.000 firmas que lo avalan. Esta asociación representa a unas 3.000 familias, la mayoría de las cuales llevan más de 30 años asentadas allí, lo que supone -aseguran- que han adquirido por derecho de "usurpación" los terrenos que ocupan.