Desde las dependencias  de la calle Ausiàs Marc, se intenta dar respuestas a fallidas empresariales y suspensiones de pago, competencia desleal, patentes o embargos de buques. En el juzgado se controla desde los alquileres a los contratos de teléfonos de las empresas en crisis, un proceso que lleva meses hasta la resolución.

La retahíla de quejas de los trabajadores es larga, pero se pueden resumir en que ni se han cubierto las bajas ni han tenido formación específica en las cuestiones que tratan. A esto se le suma la crisis económica que sufren sectores como el téxtil o la siderurgia, que no han parado de presentar fallidas y suspensiones de pago. Para más Inri, las trabas legislativas pensadas para dificultar los cierres empresariales no hacen otra cosa que dilatar el proceso de liquidación.

Y sin una resolución judicial que avale el cierre, los trabajadores no pueden ni ir al paro ni cobrar un sueldo. Es lo que sucede con la plantilla de una téxtil barcelonesa que lleva cinco meses sin nómina. Están en lista de espera.