El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ha fijado para el 24 de junio la vista oral relativa a la demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamar a 18 de los empleados de Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo. El INEM pide la reversión de estas partidas ajenas a las propias prejubilaciones al contabilizar estas últimas como rentas, mientras los prejubilados promueven demandas para reclamar los "compromisos" de pago contenidos en dicho ERE, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros.

El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), había informado Europa Press de que 18 de los prejubilados del expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos habían recibido notificaciones correspondientes a la demanda formulada por el INEM al objeto de reclamar el reintegro de las cuantías libradas para sus respectivos subsidios de desempleo, toda vez que buena parte de este colectivo no había conseguido aún acceder a este tipo de prestaciones.

"ingresos de rentas"

El INEM, según explicaba Rafael Domínguez, ha contabilizado finalmente como "ingresos de rentas" los préstamos librados por Mercasevilla en favor del colectivo de prejubilados del ERE de 2007 para cubrir las cuantías que habrían de percibir merced a sus prejubilaciones, dado que la negativa de la Consejería de Empleo a participar en la financiación del procedimiento mantiene paralizados estos pagos. A tal efecto, el INEM reclama mediante una demanda recogida por el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla las cuantías percibidas por 18 de estos prejubilados en concepto de subsidio de desempleo. La vista oral, según ha informado el presidente del comité de empresa, ha sido señalada para el 24 de junio de 2011.

Domínguez había defendido ya que la concepción del expediente de regulación de empleo de 2007 como una "continuación" del procedimiento de la misma naturaleza acordado en 2002 y consumado en 2003, obliga a caracterizar las prejubilaciones de estos trabajadores según la legislación vigente en aquel momento, que compatibilizaba el subsidio de desempleo con este tipo de ingresos.

Rafael Domínguez ha mostrado la "indignación" del colectivo de prejubilados y del comité de empresa ante esta nueva incidencia relativa al expediente de regulación de empleo de 2007, que figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la anterior gestión del mercado central de abastos.

La demanda de los prejubilados

El pasado 14 de febrero, 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla registraron una demanda en el registro general de los juzgados del Prado de San Sebastián al objeto de reclamar los compromisos de pago que rodean a dicho procedimiento. La demanda, promovida por la vía Social, carga contra el propio mercado central, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas, la Consejería de Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora 'Vitalia Vida'.

El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos, fue contratado por Mercasevilla para las pólizas correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este ERE, mientras la consultora 'Vitalia Vida', de otro lado, fue contratada para las labores de gestoría y asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su relación con la trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en los expedientes de regulación de empleo de más de 12 empresas andaluzas.

El ere de 2007

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación.

Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

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