Cerca de 300 afectados por sentencias de derribo en Cantabria se han manifestado este sábado, 26 de febrero, por las calles de Santander, desde el Ayuntamiento hasta la sede del Gobierno regional, donde han considerado que si el presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla, no soluciona su problema "no está legitimado" para concurrir a las elecciones.

"Si no es capaz de solucionar el problema de los afectados, no está legitimado éticamente para presentarse ante los ciudadanos", ha indicado a Europa Press Antonio Vilela, presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que aglutina a los afectados por sentencias de demolición.

Vilela, que ha encabezado la marcha bajo el lema 'Presidente, ¿por qué nos miente?', ha argumentado que "alguien que no cumple su palabra" y "engaña a familias" que están en una situación "muy delicada" debe reflexionar sobre su "comportamiento ético y moral", ya que se trata de un hecho "muy grave".

"Quien quiere presentarse a las elecciones lo primero que tiene que hacer es cumplir la palabra dada a los ciudadanos y, con nosotros, (Revilla) no lo ha hecho", ha asegurado el portavoz de la agrupación, que cree que el jefe del Ejecutivo es "responsable" de su situación y, por eso, "tiene que dar la cara".

"No le pagamos para ir de plató en plató y de televisión en televisión. Al señor Revilla se le ha nombrado para que haga gestión y solucione los problemas de los ciudadanos de Cantabria y, en el tema de las sentencias de derribo, no lo está haciendo" sino que está "causando un grave daño" al generar "unas ilusiones que luego se ven defraudadas", ha añadido.

Vilela también ha indicado que los afectados han "perdido el principio de buena fe en este Gobierno". "Juzgamos ya solo los hechos, no las palabras", ha apostillado, antes de remarcar que a fecha de hoy "no hay absolutamente ninguna familia" que tenga "resuelta su situación". Así, según ha dicho, si el Gobierno "no es capaz" de llegar a soluciones, "tendrá que venir otro gobierno a reemplazarlo".

A juicio de Vilela, en el tema de los derribos no se ha "avanzado", sino "todo lo contrario", ya que a medida que pasa el tiempo el "desgaste" de los afectados es mayor y, por tanto, la situación "más delicada en todos sentidos".

Rota la credibilidad en el gobierno

Tras reconocer que las reuniones mantenidas con Revilla han sido "muy positivas" ya que se han caracterizado por la "cordialidad" y las promesas de que "se van a dar soluciones en plazo breve", Vilela ha lamentado que "la realidad es que las palabras" del presidente cántabro "no se cumplen".

En este sentido, ha indicado que el caso que "ha roto la credibilidad en el Gobierno de Cantabria" es el de la zonificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Santoña, ya que el Ejecutivo había prometido que presentaría el correspondiente proyecto de ley al Parlamento en septiembre de 2010.

"El Gobierno nos ha mentido, ha jugado con nosotros y nos ha engañado", ha manifestado Vilela, para quien "para más inri" el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, les dijo que "pensaba que no tenía prisa" la presentación de la zonificación y de la norma, lo que es motivo "suficiente para que dimita".

No obstante, ha añadido que "por encima" de la "responsabilidad" del consejero está la del presidente, que el pasado mes de diciembre les reconoció que los afectados por derribos son "el problema más grave" de Cantabria, tanto por el "daño" que están padeciendo las familias como por el coste económico de las demoliciones, calculado en más de 300 millones de euros.

Sin embargo, a la hora de presentar las leyes y apoyar a las familias, los afectados no encuentran el "respaldo del Gobierno", cuya responsabilidad es "mucho mayor" que la de los otros "culpables", los ayuntamientos.

Seguirán protestando

Por todo ello, Vilela ha anunciado que seguirán protestando en la calle para reivindicar sus demandas, en actos públicos y mítines de "todos" los partidos políticos, porque las administraciones "tienen una deuda con todas nuestras familias" y están "dispuestos a que se pague" esa deuda.

En la manifestación de este sábado por las calles de Santander han participado cerca de 300 afectados, cien de los cuales están realizando un encierro en Liencres para "pedir que se haga justicia".