En este sentido, las mismas fuentes han explicado que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado la sentencia impuesta en primer término por el Juzgado de lo Penal número 2, que obliga al empresario además a indemnizar con 3.000 euros a cada una de las 22 afectadas por un delito contra la intimidad, excepto en un caso en el que rebaja esta indemnización de 3.000 a 1.200 euros.

Durante el juicio celebrado en enero de 2010 en el Juzgado de lo Penal, el acusado defendió que fue un familiar, y no él, quien instaló la microcámara en el año 2002, y que lo hizo por "seguridad" ante la oleada de robos que se estaba produciendo. No obstante, sí admitió que, posteriormente, visionaba las imágenes grabadas, aunque alegó que ello se debe a que "sufre una patología mental y una tendencia al sexo".

Para las acusaciones, el procesado "instaló en el aseo" de un establecimiento de su propiedad una microcámara "oculta en el interior del extractor de humo" con la intención "de filmar sin su consentimiento ni conocimiento a las mujeres que utilizaban dicho aseo haciendo sus necesidades". En este sentido, las grabaciones conseguidas supuestamente eran guardadas por el acusado en CD "que conservaba para su uso personal".

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