PP-A exige la dimisión de Viera por ser quien "decidía" sobre las subvenciones que se otorgaban del "fondo de reptiles"

Asegura que la comisión de investigación no está en "desuso" y que se han celebrado más de 25 en los últimos diez años en otras CCAA
Rosario Soto
Rosario Soto
PP-A/EP
Rosario Soto

El PP andaluz ha exigido la dimisión del secretario general del PSOE de Sevilla y ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, argumentado que era éste en su etapa en el Gobierno andaluz quien "decidía y daba las órdenes" sobre las subvenciones que se otorgaban del llamado "fondo de reptiles", siendo "otros" quienes ejecutan dichas órdenes.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz regional del PP-A, quien ha hecho referencia a lo publicado este viernes por el diario 'El Mundo', donde se asegura que "la ayuda ilegal de 600.012 euros concedida en el año 2003 a la cooperativa aceitera Virgen del Espino de El Pedroso demuestra que Viera tenía capacidad de decisión sobre el dinero del fondo de reptiles".

En esta línea, la dirigente 'popular' ha dicho que su formación no sabe a qué está esperando Viera para dimitir, ya que "cada vez se confirma más que era perfectamente conocedor de todo y daba las órdenes que otros ejecutaban". "Como consejero que era tenía la obligación de conocer cómo se administraba el dinero público de su departamento", ha añadido.

De otro lado, Soto ha asegurado que las "ilegalidades" cometidas con el procedimiento para otorgar subvenciones no sólo han sido puestas de manifiesto por la Policía Judicial, la jueza que lleva el caso, la Fiscalía de Sevilla o los informes de la Intervención de Hacienda de los años 2005, 2006 y 2007, sino ahora también por el actual director de Trabajo de la Consejería de Empleo, Daniel Rivera.

Y es que, según ha apuntado la portavoz regional del PP-A, éste ha remitido un documento, a petición de la jueza que lleva el caso Mercasevilla, —un documento que ha sido repartido a los medios de comunicación—, en el que niega rotundamente cualquier compromiso de pago de la Administración autonómica con el ERE de 2007 de esta empresa. "Para que exista compromiso jurídico válido de pago, es obvio, dado el sometimiento de la Administración a la Ley, que el mismo debería haber sido adquirido en el seno de una procedimiento administrativo conforme a la normativa de subvenciones aplicable al efecto".

De igual modo, Rivera también afirma que no existe en su centro directivo "ningún procedimiento subvencional disciplinado con arreglo a las normas de derecho administrativo especial (petición/negociaciación, tramitación y decisión válida con justificación de las circunstancias que motivaban que se sufragaran las ayudas y decisión jurídicamente fundamentada mediante Protocolo y Convenio para regularizar el pago con arreglo a las normas presupuestarias vinculantes para cualquier entidad de naturaleza jurídico pública), que culminando con una resolución o convenio administrativo reconozca la subvención o ayuda descrita".

A raíz de dichas palabras, la portavoz regional del PP-A ha destacado que el actual director general de Trabajo viene a reconocer que "no existe procedimiento reglado y que no se pueden dar subvenciones a ayuntamientos y a empresas arbitrariamente sin un procedimiento reglado". "Rivera reconoce por tanto que se está incumpliendo la Ley de Hacienda Pública y la Ley General de Subvenciones", ha añadido.

Por todo ello, Soto ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "conocedor de todas estas irregularidades sobre las que navega, no sabe cómo salir e intenta esconder su miedo". Así, le ha demandado que apoye el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz la petición de comisión de investigación que el PP-A defenderá.

Al hilo de ello, ha criticado que el Gobierno andaluz y el PSOE-A argumenten su rechazo a la comisión de investigación en que es un instrumento que se encuentra en "desuso". Y es que, según ha apuntado, en los últimos diez años se han celebrado más de 25 comisiones de investigación en distintas comunidades autónomas de España. "Griñán lo que tiene es miedo a las personas que puedan comparecer en esta comisión", ha concluido.

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