El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado este viernes que el Gobierno central transferirá a la Comunitat Valenciana 7,2 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes, lo que supone como media "8,1 euros anuales por inmigrante cuando hace dos años la cifra ascendía a 25,9".

Blasco ha subrayado en un comunicado que el dinero del Fondo "se utiliza, entre otras cuestiones relacionadas con la atención a los inmigrantes, para financiar las plazas en Centros de Acogida". Según ha apuntado, la Comunitat paga en la actualidad siete de cada 10 plazas "y parece ser que acabaremos financiando la totalidad porque, con 8,1 euros, se reducen mucho las posibilidades de financiar a las entidades que colaboran con nosotros en la asistencia a los inmigrantes más vulnerables".

Asimismo, Blasco ha asegurado que los 542 ayuntamientos de la Comunitat "también se verán perjudicados este año por el drástico recorte aplicado por el Gobierno socialista". "De los 7,2 millones de euros asignados a la Comunitat, el 40 por ciento se dedicará a actuaciones desarrolladas o impulsadas por las entidades locales, por lo que, ante el incremento del número de inmigrantes residentes en barrios y pueblos, la situación en los servicios de acogida municipales puede llegar a ser de colapso, ya que los municipios recibirán menos dinero del Fondo", ha advertido.

El conseller ha recalcado que el "recorte" de las ayudas "coincide también con la próxima aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería que atribuye a las comunidades autónomas mayores competencias para la renovación de los permisos a través de informes que valoren el esfuerzo de integración del inmigrante y extranjero".

"El Gobierno socialista suelta lastre y descarga trabajo sobre las comunidades autónomas que somos, junto a los ayuntamientos, los que tenemos que gestionar la inmigración. Es una situación absolutamente injusta", ha lamentado, al tiempo que ha exigido al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que "dé a conocer oficialmente el reparto de las ayudas por comunidades autónomas".

Al respecto, el conseller ha afirmado que en 2010 Andalucía, con menos inmigrantes que la Comunitat, "obtuvo del Gobierno socialista más financiación" y ha sostenido que sería "injusto que, en función del partido político que gobierna, hubiera una distribución arbitraria".

"Zapatero ha pasado del 'papeles para todos' al morralla para todos y el malestar social que está provocando con su política de recortes que ataca directamente a los más débiles- pensionistas, trabajadores, inmigrantes- le va a acabar estallando en la cara porque está convirtiendo a España en una olla a presión", ha advertido.