Las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Seprona de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades urbanísticas detectadas en Alhendín (Granada) relacionadas con el llamado 'caso Marchelo' han desvelado como novedad la invasión del dominio público hidráulico del Arroyo de Marañón o Barranco de la Calera por parte de dos edificios de 150 VPO de la macrourbanización Novosur de la promotora Frai.

El informe del Seprona, encargado por la juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, que investiga el caso de corrupción en el que están presuntamente implicadas quince personas, entre ellas el ex alcalde del municipio José Guerrero (PP) y el ex edil de Urbanismo Manuel Fernández, señala que el sector donde se asientan las viviendas tiene naturaleza de cauce público.

De hecho, según recoge el Seprona, la Agencia Andaluza del Agua no cuenta con expediente de desafectación de los terrenos, por lo que las obras que se permitieron "no serían autorizables en la fecha de concesión de la licencia", por lo que se considera que existen "indicios" de un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Asimismo, los agentes han investigado lo referente a la posible invasión de las servidumbres aéreas de la base militar de Armilla y concluyen en el documento remitido al juzgado, de fecha 12 de enero de 2010, que Novosur se encuentra en línea con el eje de la pista, por lo que los edificios "pueden vulnerar las superficies de subida en el despegue y de aproximación" y además se produce "una penetración de los edificios en las superficies limitadoras de obstáculos derivadas de la normativa sobre seguridad aérea".

Por ello, el Seprona considera que estos hechos pueden revestir relevancia penal, posiblemente en alguna modalidad de prevaricación si esa "vulneración de las superficies limitadoras de obstáculos se ha realizado de forma consciente para conseguir un beneficio privado a costa del interés general".

En el informe se analiza además la situación de la gasolinera que se construyó supuestamente en terrenos del ex alcalde, que, según incide ahora el Seprona, ocupa un terreno de dominio público, concretamente una franja de 300 metros, del camino conocido como 'Camino Dúrcal o de Fontilín', primero perteneciente a Fomento y luego al Ayuntamiento de Alhendín.

El documento, dado a conocer este jueves en rueda de prensa por el alcalde de Alhendín, Miguel Ángel Gamarra, pone en evidencia, a su entender, que el anterior equipo de gobierno, del PP, tenía un 'modus operandi' consistente en "regalar patrimonio público de suelo" con "cero respeto a la legalidad" y en contra del "interés público".

"El Ayuntamiento se volcaba para que fuera realizado lo que no era legal y luego le daba cobertura legal modificando la normativa urbanística", ha señalado el primer edil, que ha insistido en que el Ayuntamiento, personado como acusación particular en el proceso judicial, seguirá velando por el interés de los ciudadanos de Alhendín.

Por ello, en lo concerniente a las 150 VPO que ahora invaden el dominio hidráulico, el Ayuntamiento ha iniciado conversaciones con la Junta de Andalucía y la Agencia Andnluza del Agua para iniciar la desafectación de los terrenos, de manera que los inquilinos de esas vivienda no se ven afectados por las "ilegalidades" que presuntamente cometió el promotor.

Además, prevé aprobar en el próximo pleno municipal iniciar también el expediente de recuperación del dominio público que ocupa actualmente la gasolinera situada en la Avenida de Andalucía "con el objetivo de clarificar a quién se benefició y si el Ayuntamiento puede recuperar ese suelo".

"El caso Marchelo, a pesar de que han pasado ya cuatro años, no está en absoluto apagado. Es de una complejidad enorme, y el caso de corrupción más importante que ha afectado a la provincia de Granada", considera Gamarra.