El Ayuntamiento de Otura (Granada) ha anulado y archivado el expediente disciplinario que abrió contra el secretario municipal poco después de que éste denunciara por supuestas irregularidades urbanísticas al alcalde de la localidad, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y a su equipo de gobierno.

Según consta en la notificación de archivo del expediente disciplinario, al que ha tenido acceso Europa Press, el propio alcalde reconoce que procede a anular y dejar sin efecto la resolución del pasado 14 de enero por la que se decretaba la medida cautelar de suspensión de funciones por un periodo máximo de seis meses después de haber recibido un requerimiento por parte de la Subdelegación del Gobierno en Granada, requerimiento que "acepta".

Por ello, en el documento, de fecha 22 de febrero, el alcalde restablece al expedientado, Gregorio Marañón Lizana, "en la citación inmediatamente anterior a las resoluciones anuladas" y ordena que se le reintegren las cantidades que ha dejado de percibir en el tiempo en el que ha permanecido en suspensión de funciones cautelarmente.

De la anulación del expediente, notificada este jueves al secretario, se ha congratulado a través de un comunicado el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada (Cosital), que ve "muy positiva" la "vuelta a la legalidad en las actuaciones de la primera autoridad municipal de Otura" en cuanto al secretario se refiere, "ya que resultaba de todo punto insostenible la continuación de un procedimiento disciplinario viciado de manera notoria por graves contravenciones legales".

Asimismo, muestra su "preocupación" por lo sucedido, especialmente por las "ominosas condiciones" impuestas por el alcalde al secretario en la reincorporación a su puesto de trabajo el pasado día 15 de este mes tras dos requerimientos judiciales a Fernández-Sanz.

Estas condiciones, advierte el colegio, "en ningún caso pueden mantenerse ya que impiden el ejercicio más elemental de las funciones que la Legislación confiere al secretario del Ayuntamiento y constituyen una evidente afrenta a la dignidad del funcionario y de cualquier trabajador". En esa misma línea, el Colegio asegura que permanecerá "atento" ante cualquier actuación municipal "a fin de verificar que se permite al secretario municipal el ejercicio legítimo de sus competencias profesionales".

Por último, el Colegio se reafirma en su "convencimiento" de que "finalmente prevalecerán las garantías que el Estado de Derecho ofrece a los empleados públicos para un ejercicio imparcial y profesional de sus funciones, así como el respeto a nuestro Ordenamiento jurídico y a los derechos y libertades fundamentales que la Constitución consagra".