El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE), ha anunciado este jueves que la Fiscalía ha archivado las diligencias informativas iniciadas a raíz de la denuncia presentada por la oposición en el Ayuntamiento —formada por PA, PP, IU y los concejales no adscritos—, en la que acusaban al Ayuntamiento de hacer un uso fraudulento del padrón municipal en el marco de la campaña informativa dirigida a informar a los ciudadanos extranjeros del ejercicio del derecho al voto en España.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Fiscalía aclara, en primer término que no se ha producido uso fraudulento del Padrón Municipal, asegurando que "ha quedado suficientemente acreditado que los números de teléfonos móviles a los que se han enviado los mensajes SMS que recibieron los extranjeros se han obtenido de la Oficina de Inmigración", situada en la Barriada Blas Infante, lugar al que fueron citados los extranjeros en el texto del mensaje, y que desde el año 2000 viene desempeñando "funciones de información y asesoramiento a la población inmigrante", por lo que "cuenta con una base de datos propia".

Asimismo, reconoce explícitamente que "en ningún caso han podido ser obtenidos del Padrón Municipal de Habitantes, tras analizar el contenido de dicho fichero", algo que considera "acreditado" mediante los informes emitidos al respecto por el propio Ayuntamiento y basándose, entre otros, en el hecho de que "el número de teléfono no se recoge, siquiera, como un dato obligatorio en el Padrón Municipal de Habitantes".

También señala que el director técnico de la Oficina de Inmigración, al que también señalaban "directamente" los denunciantes, no está autorizado para acceder a los archivos del Padrón Municipal, y considera que ha quedado acreditado, mediante los informes oportunos, que "no ha tenido acceso al mismo, ya que no se encuentra entre el personal municipal autorizado para ello".

Además, desde el ente local informan que el Fiscal "no aprecia conducta delictiva" alguna en la actuación del Ayuntamiento, "dirigida a informar a la población sobre su derecho a participar en los próximos comicios municipales, para lo que debe expresar su Manifestación de Intención de voto" y asegura que "su actuación obedeció al deber que le incumbe de dar publicidad, mediante bandos o cualquier otra forma de difusión que se estime conveniente, del procedimiento para la presentación de las solicitudes de inscripción en el censo por parte de los interesados".

También considera "justificado suficientemente la comunicación con las personas inmigrantes a través de mensajes de los teléfonos móviles como método más rápido y eficaz", y reconoce igualmente que este ha sido solo uno de los métodos utilizados, ya que además se han utilizado notas impresas en varios idiomas con este mismo fin.

"ni campaña de captación,

Ni emparonamientos masivos"

En la misma línea en la que se ha posicionado el alcalde, que ha reiterado que "en ningún caso se ha intentado condicionar el voto ni se han producido empadronamientos masivos", el propio Fiscal especifica en su decreto que "el contenido de la información dada a los pocos inmigrantes que finalmente inscribieron su manifestación de voto, un total de 15, no iba dirigida a lograr una determinada dirección del voto que debían prestar, sino simplemente ofrecerles un apoyo para tramitar su inclusión en el censo".

Reconoce de esta manera que "no ha habido campaña alguna de captación del voto inmigrante", ya que "no reflejan apenas la inscripción de extranjeros con derecho al voto", siendo esta cifra prácticamente "ridícula" debido a que durante diciembre y enero sólo se han inscrito en el padrón municipal del Ayuntamiento de Cartaya "15 extranjeros que podrían ejercer su derecho al voto".

Asimismo, la Fiscalía justifica en su informe la intervención de la Fundación para Trabajadores Extranjeros en Huelva (Futeh) "dado que se trata de una entidad que, teniendo por finalidad la asistencia y asesoramiento al colectivo de inmigrantes en relación a la contratación en España, su formación y capacitación profesional principalmente, coopera con el Ayuntamiento de Cartaya en relación a la acogida e integración de inmigrantes", señalando además la circunstancia de que el propio Ayuntamiento "forma parte de su órgano de gestión por haber sido patrono fundador".

Denuncia "sin fundamento"

En este sentido, remarca que el propio Fiscal reconoce que "los datos ofrecidos en la denuncia son "vagos" y la denuncia se ha presentado "sin aportar algún tipo de prueba que acredite siquiera sea indiciariamente, los hechos que se denuncian".

Este hecho, según asegura el alcalde, "corrobora la posición que siempre he manifestado de que la oposición y sus abogados hacen proyectos de delito, sin bases ni fundamento para utilizarlas mediáticamente".

Juan Antonio Millán se ha dirigido explícitamente a varios responsables políticos e institucionales, como es el caso del presidente del PP-A, Javier Arenas, el cual era Ministro de Trabajo cuando "comencé a luchar a favor del reconocimiento de los derechos de los inmigrantes y mantuvimos numerosas reuniones al respecto".

Ha recriminado a distintos dirigentes políticos que "no tengan catadura moral" al acusarle de manipular a los inmigrantes "cuando llevo años trabajando a favor de la integración del colectivo inmigrante, en proyectos para favorecer la contratación en origen", ha recordado.

"Hemos sido pioneros a nivel europeo en proyectos calificados de buenas prácticas y con los que lo único que hemos pretendido siempre ha sido garantizar que ni sobre ni falte mano de obra en nuestros campos, garantizar el retorno de los trabajadores a sus países de origen con una formación para impulsar el desarrollo de esos países, y facilitar la convivencia entre la población inmigrante y la de acogida", ha concluido.