Algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se han sumado a la idea de hinchar las tasas de los exámenes para optar a un empleo público como solución, o al menos parche, a los problemas económicos que atraviesan la mayoría de arcas municipales.

Esta práctica, tal y como adelantó 20 minutos a finales de  octubre pasado, se traducía en precios  de hasta 300 euros por presentarse a las pruebas de  policía local, en concreto en el Ayuntamiento de Nàquera (Valencia). Ahora, consistorios como los de Barx, Massamagrel, Benicull, Sueca y Montesa (Valencia); Onil y Els Poblets  en Alicante; y La Vall d’Uixó (Castellón) han fijado tasas que superan los 100 euros.

Aunque algunos ayuntamientos se escudan en el coste de la convocatoria de un tribunal de oposiciones y en el reducido tamaño de los mismos para justificar unos precios tan elevados, un vistazo general a las bases de otras localidades muestra todo lo contrario. Por ejemplo, el municipio de Sant Jordi (Castellón), de apenas 1.078 habitantes, cobra 10 euros por los derechos de examen para optar a una plaza de auxiliar administrativo. Para el mismo puesto, localidades como Montesa (1.369 habitantes) y Barx (1.445 habitantes) exigen el abono de 100 euros. Massamagrell, cerca de Valencia y con un censo de 15.339 vecinos, cobra 114 euros.

Esta situación se ve agravada por el vacío legal que existe sobre el tema, ya que no hay ninguna norma que fije unos límites a estos precios públicos. Sin embargo, el organismo que puede tomar cartas en el asunto, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha decidido hacerlo. Según explican fuentes de la institución que agrupa a los ayuntamientos valencianos, una comisión técnica formada por alcaldes y técnicos está estudiando posibles medidas, que podrían concretarse en un acuerdo marco.

Importes menos llamativos

Otros municipios de la Comunitat que han realizado convocatorias de empleo público han fijado tasas que parecen más acordes con la naturaleza de las pruebas. Por ejemplo, para administrativos, Novelda cobra 30 euros, Requena exige 28,80 y Oropesa del Mar 20 euros.

¿Afán recaudatorio o barrera legal?

Los elevados importes que algunos consistorios valencianos fijan para los exámenes de sus convocatorias de empleo público generan dos tipos de reacciones. Por una parte, un nutrido grupo de opositores descartan esos municipios al no poder abonar las tasas, lo que acaba reduciendo la competencia por las plazas. El otro grupo que sí las sufraga, aunque sea menos numeroso, acaba beneficiando a las arcas locales.