La diputada autonómica del PP, Catalina Soler, ha anunciado este miércoles que su partido está estudiando llevar a los tribunales el proceso de desratización llevado a cabo por el Govern en Sa Dragonera ya que entiende que se ha podido producir un delito medioambiental al haber utilizado un veneno "altamente peligroso para mamíferos y aves, así como para el medio marino".

Así lo ha adelantado la parlamentaria durante la Comisión de Ordenación del Territorio celebrada en la Cámara balear en la que ha comparecido de forma urgente el conseller de Medio Ambiente y Movilidad, Gabriel Vicens. Según ha remarcado la 'popular', el uso del veneno Brodifacoum está prohibido por la Unión Europea desde el 30 de junio de 2010.

La diputada ha recordado que el PP ya denunció el pasado 3 de febrero, cuando se anunció la segunda fase del proceso de desratización, que éste se estaba llevando a cabo mediante un método que podría ser "altamente peligroso" para este espacio natural, y que, además, según el PP, contaba con un informe desfavorable de la jefa de servicios de Espacios Naturales, área encargada de gestionar el Parque.

En este sentido se solicitó que la segunda fase se paralizara hasta que el Govern aclarase todas las dudas existentes sobre su legalidad y sobre los posibles daños que la aplicación del veneno había podido causar a las diferentes especies de flora y fauna del Parque.

Por otra parte, Soler ha preguntado al conseller por qué la autorización para llevar a cabo el proceso la dio el director general de Biodiversidad, en lugar del Vicens, que es "a quien le corresponde".

Asimismo, ha remarcado que le "llama la atención" que después de llevarse a cabo la desratización del Parque, la jefa de servicios de Espacios Naturales, Catalina Canals, presentara su dimisión, "después de que su informe no se hubiera tenido en cuenta", ha indicado Soler.

Soler, por otra parte, ha lamentado que su partido todavía no haya recibido "ninguna documentación" sobre el proceso de desratización, por lo que le ha recordado a Vicens que su Conselleria tiene la obligación de facilitársela para "poder ejercer nuestra labor de oposición y control al Govern", ha dicho Soler.