La Fiscalía defiende la prisión provisional para la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, María Jesús Otero Rebollada, en prisión provisional desde el 26 de enero implicada en una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional, tras basarse en la gravedad de los delitos y para evitar la alteración de pruebas, ya que las investigaciones no han finalizado.

La fiscal María Luisa García ha señalado este miércoles en la vista que se ha celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias sin la presencia de la imputada, que la decisión de la jueza Ana López Pandiella de decretar prisión para la ex responsable regional está "suficientemente motivada y ajustada a derecho" y ha añadido que ni la situación varió desde entonces ni "mucho menos" se completó la investigación. Según ella, aún falta un informe de la Agencia Tributaria.

Ha incidido por estos motivos en el riesgo de fuga que existe al ser elevada la petición de condena por los delitos supuestamente cometidos y en la posible alteración de pruebas, pese al embargo de bienes. Además, frente a lo insinuado por el letrado da la defensa, ha ratificado que a Otero se le imputa un delito continuado de cohecho y no uno de cohecho impropio.

Por su parte, el letrado de Otero, Ángel Bernal, ha solicitado la revocación del auto judicial al entender que no existe riesgo de fuga al tener embargados sus bienes y al argumentar que las investigaciones están tan avanzadas que no existe la posibilidad de alteración de pruebas.

También ha replicado el que la Fiscalía se base en que se trate primero de una mujer jubilada y sin arraigo, para luego decir que su notoriedad le pueda llevar a evadirse para evitar el rechazo social. Además, ha recalcado que si no puede disponer de un solo euro ni vender sus bienes es difícil que pueda fugarse, además de remarcar que no tiene posesiones ni cuentas en el extranjero ni realizó viajes fuera del país.

Además, ha señalado que de la supuesta "retahíla" de delitos que se le imputaban, estos han ido "adelgazando", por lo que se puede dar el caso que al final se la acuse de un delito de cohecho penado con multa y no cárcel, por lo que la gravedad de los hechos no justificarían la prisión provisional. Bernal ha pedido que su cliente salga de la cárcel para poder defenderse.

Por último, el letrado que representa el Principado, Juan Serra, ha solicitado la libertad provisional de María Jesús Otero, al igual que ha hecho con el ex consejero de Educación y Ciencia del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, al señalar que no hay indicios de delito, aunque pueda haber alguna actuación irregular, y al explicar que los contratos que se realizaron con las empresas investigadas eran legales al estar éstas homologadas.

Según él, no es necesario justificar por qué se realizan contrataciones con una u otra empresa de entre las que están homologadas y ha apuntado que difícilmente se puede establecer un delito de cohecho en esas circunstancias. "Se contrata con quien quiere", ha indicado con referencia al sistema de compras centralizadas.

En su opinión, ese tipo de contratación es perfectamente legal y no puede figurar como delictivo y, en todo caso, si hubo regalos para favorecer a una empresa sería un delito de cohecho penado con multa. Además, ha insistido en que los funcionarios tienen que tener la seguridad de que si van a contratar con una empresa, lo hacen legalmente y no van a ser llevados al juzgado.

"Eso si provoca una alarma social y justifica que no se mantenga la prisión provisional", ha dicho. En todo caso, ha solicitado que si no se revoca el auto de prisión provisional, al menos sea eludible bajo fianza.