El PP de Extremadura ha anunciado que dará traslado al Tribunal de Cuentas de una serie de expedientes de contratación realizados por la Institución Ferial de Extremadura (Feval) ante "supuestas irregularidades y fraccionamiento de contratos para eludir la ley".

Se trata, según ha explicado la diputada 'popular' Cristina Teniente, de contratos y facturas relacionados "en parte" con la puesta en marcha del Centro Tecnológico instalado en Don Benito (Badajoz).

Este traslado se unirá a una moción del Ayuntamiento de Don Benito en la que se pide al Tribunal de Cuentas que investigue "de forma urgente" el destino de los fondos y subvenciones que han ido a Feval.

"Feval no es ni un cortijo ni un bunker blindado para ocultar información ni es una trituradora de dinero público; tenemos que saber qué se gasta, cómo se gasta y por qué se gasta y es lo que vamos a intentar clarificar", ha asegurado Teniente, quien ha añadido que el PP también solicitará en la Asamblea información sobre este asunto "por vía escrita".

Al respecto, ha indicado que esta acción ante el Tribunal de Cuentas irá "sin perjuicio de analizar otro tipo de acciones que permitan la investigación y el esclarecimiento de prácticas contractuales más que cuestionables".

De esta forma, Teniente ha puesto como ejemplo de lo que el PP pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas varias contrataciones realizadas en 2009 para el citado Centro Tecnológico. La diputada ha explicado que, según el PP, los contratos eran fraccionamientos cuyo fin era poder contratar sin publicidad o hacerlo directamente.

En primer lugar se ha referido a tres facturas con el mismo "objeto" (diseño del centro de emprendimiento), con fecha del "mismo día" y "a la misma empresa". Estas tres facturas suman 127.000 euros y, por tanto, "no se puede o no se podía adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad".

Otro de los ejemplos que Cristina Teniente ha dado a conocer en la rueda de prensa es la firma, en agosto de 2009, del contrato de prestación de asesoramiento para el Centro Tecnológico por "cuatro meses" y por un importe de "18.000 euros, exactamente el límite establecido legalmente para la adjudicación directa".

"Sin embargo, se sigue facturando hasta el mes de abril de 2010, es decir cinco meses más, alcanzando este contrato un total de 36.000 euros", apostilla. "No sabemos si en medio hubo una prórroga o hubo otro contrato pero lo que está claro es que fue un contrato de cuatro meses con un límite para la adjudicación de 18.000 euros que se convirtió en un contrato de 36.000 y, si se dividió en dos, fue otro claro ejemplo de fraccionamiento", ha considerado.

La diputada 'popular' ha recordado que por "fraccionamientos irregulares" hay "42 expedientes de contratación en la sección jurisdiccional del Tribunal de Cuentas" que está investigando la adjudicación del transporte escolar en la región y ha añadido que por "fraccionamiento de contratos irregulares" se han producido varias imputaciones en el Ayuntamiento de Plasencia que "afectan a media corporación municipal".

Contratos "financiados con fondos europeos"

Cristina Teniente ha informado de que los contratos que se pondrán en conocimiento del Tribunal de Cuentas son contratos realizados con cargo al programa operativo de Extremadura, es decir, "financiados con fondos europeos en el marco de un convenio que se firmó con la Vicepresidencia Segunda de la Junta".

Al respecto ha considerado "muy grave" que los procedimientos de adjudicación "legalmente establecidos" se puedan estar "vulnerando" en el desarrollo de estos convenios por la "nefasta gestión de los órganos de dirección y de administración de Feval".

Así ha añadido que pedirán explicaciones a la vicepresidenta segunda, Dolores Aguilar, sobre el seguimiento, control y desarrollo de dichos convenios y también ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que "pase de las palabras a los hechos" y que "pase de una vez a cumplir lo que promete". "Vara no puede predicar transparencia y amparar una falta de información como la que se está produciendo en Feval", ha apuntado.

El "oscurantismo" es una "constante"

"La negativa a dar información, el oscurantismo, y la falta de transparencia han sido una constante en el devenir o en la forma de actuar de los órganos de dirección y administración de la institución ferial y esta negativa, creemos, puede estar relacionada, en parte con presuntas irregularidades en la contratación administrativa", ha apuntado.

Teniente ha recordado que Feval es un consorcio que se nutre con aportaciones públicas y por la vía de convenios, "fundamentalmente realizados por la Junta de Extremadura".

Además ha apuntado que los consorcios tienen la consideración de entidades públicas integradas en la administración a efectos de la Ley de Contratos y "le pese a quien le pese hay que cumplir con la legalidad y hay que cumplir con los requisitos de publicidad y transparencia y de libre concurrencia que se rigen en la administración".

Sin embargo, ha asegurado que viene siendo "habitual en el día a día de esta institución prescindir de los procedimientos de contratación fundamentalmente mediante fraccionamiento de contrato para eludir la concurrencia de oferta".

A su juicio, "todo apunta" a que se está produciendo "contrataciones predirigidas" y que se puede estar produciendo un "quebranto en los fondos públicos" derivado de esas contrataciones.

Ley de mancomunidades

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la diputada 'popular' Cristina Teniente ha resaltado el trabajo "muy exhaustivo" que está realizado el gabinete jurídico del PP de Extremadura para valorar la Ley de Mancomunidades, recientemente aprobada en la Asamblea, con el objetivo de ver los "límites o cómo puede estar esta ley chocando de cara a un posible recurso" de inconstitucionalidad.

"Está en proceso de estudio y nosotros en este momento no estamos en condiciones ni de sumarnos ni de anticipar nada", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que el PP ya ha mostrado su posición contraria en relación a esta ley y ha reiterado que la intención del PP, si gana las elecciones, es derogar esta ley.

"En este momento, el gabinete jurídico del Partido Popular está en el análisis exhaustivo de la misma para ver su posible conflicto con la Constitución", ha indicado.