La Comunitat Valenciana estima que necesitará 15 millones de euros para poder aplicar el nuevo Reglamento de Extranjería, que reconoce más competencias a los gobiernos autonómicos y municipales y les responsabiliza, entre otras gestiones, de la elaboración de distintos tipos de informes para completar casi todos los trámites administrativos que deben realizan los inmigrantes para su estancia legal.

Esta es una de las reivindicaciones que la Comunitat Valenciana trasladará este martes a la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, quien ha convocado a los representantes autonómicos en Madrid para informar sobre el borrador de Reglamento de Extranjería, publicado hace dos semanas, como parte del proceso de escucha en el que se encuentra el texto.

Según datos facilitados a Europa Press por la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía valenciana que dirige Rafael Blasco, las nuevas competencias que prevé traspasar el reglamento supondrán para la región una inversión que "triplica" el presupuesto que destina actualmente para atender a los más de 893.000 foráneos que viven en la región y que suponen el 17 por ciento de la población.

Asimismo, la Generalitat "deberá duplicar" los 227 profesionales que en la actualidad desempeñan estas tareas para poder asumir las nuevas responsabilidades, entre las que figuran acreditar la integración del inmigrante que quiere regularizar su situación por arraigo, dar fe de la formación que ha recibido un extranjero para renovar su permiso o inspeccionar su vivienda para certificar que es apropiada para que traiga a sus familiares a España.

En opinión de Blasco, dado que se trata de una transferencia de competencias, el Gobierno debería constituír "un fondo específico para la dotación de medios personales y materiales" ya que, según denuncia el conseller, el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los inmigrantes "se ha quedado este año en niveles ridículos", pasando de 200 millones de euros en 2009 a 66,6 millones para toda España este año.

Con todo, la región ya cuenta con una norma, la Ley de Integración, que impone la emisión de certificados para los inmigrantes, y ha desarrollado una red de atención para los extranjeros con 102 Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), 53 entidades locales adheridas y 135 municipios incluidos en alguna de las ocho mancomunidades que cuentan con AMICS. El presupuesto asciende a 5,6 millones de euros, según la Consellería.