El secretario general de la Federación Estatal Agroalimentaria de Comisiones Obreras, el cántabro Jesús Villar, ha adelantado que este sindicato tiene como "objetivo número uno" que la familia Ruiz Mateos "no siga administrando más las empresas" del grupo Rumasa. Además, ha anunciado que exigirá responsabilidades penales por una gestión global "presuntamente delictiva" y ha revelado que el sindicato tiene "indicios" de que "no se están abonando" las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores.

Villar ha señalado que "en un país democrático, occidental y europeo", con los "antecedentes de gestión desastrosa que han tenido", es "imprescindible que "no quede en sus manos la administración de estas empresas para intentar salvar todo lo que sea posible".

Asímismo, este sindicato tomará medidas de "tipo penal" por la gestión económica y "las consecuencias para los trabajadores y para la sociedad española" y se han adoptado también iniciativas de "tipo laboral y mercantil".

Concretamente, CCOO va a exigir "responsabilidades penales" porque entiende que ha habido "una gestión globalmente y presuntamente delictiva de apropiación indebida económica" y de presunta "utilización inadecuada de la gestión mercantil". CUOTAS

Por tanto, la fuerza sindical tiene como prioridad que "no sigan administrando" las empresas del grupo como "primera garantía" de que haya una "intervención judicial" y, a partir de ahí, se busque "la viabilidad de todos los centros de trabajo".

Asimismo va a indagar "con toda claridad" la gestión en materia de Seguridad Social, más en concreto, de "la cuota de los trabajadores". En este sentido, afirma que, a la luz de alguna documentación que ha recavado, habría indicios "bastante sólidos" de que esta cuota "no ha sido abonada" por lo que el sindicato adoptará las medidas necesarias para "clarificar" este asunto antes de acudir a la vía judicial.

Según ha manifestado, CCOO "ya ha había advertido desde hacía meses" de la "gravedad" que suponía "la gestión de la familia Ruiz Mateos" en el grupo empresarial, por lo que va a exigir a las instituciones una intervención "mucho más determinante" para garantizar la viabilidad "de todas las empresas que sea posible".

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