El Partido Popular quiere que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía detalle el coste económico del tratamiento de fecundación 'in vitro' que ha autorizado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba a los etarras Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarsolo, integrantes del 'comando Barcelona' que asesinó al socialista Ernest Lluch y que cumplen condena en la cárcel de Alcolea.

En concreto, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Ana María Corredera, ha registrado una pregunta con ruego de contestación escrita en la que pide a la Junta que informe sobre el "tiempo que han estado en lista de espera" los etarras García Jodrá y Bengoa Ziarsolo "antes de recibir la autorización para someterse a la fecundación in vitro", así como sobre el "coste económico que va a tener dicho tratamiento".

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Corredera también se interesa por conocer "cuántas personas hay en lista de espera en Andalucía en estos momentos para someterse a un tratamiento similar", así como por "cuál es el tiempo medio de respuesta de la Administración andaluza para estos tratamientos".

La Consejería de Salud ya negó el pasado mes de mayo que hubiera existido "trato de favor alguno" a la pareja de etarras Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarsolo que desea someterse a un tratamiento de fecundación 'in vitro' en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y aclaró que esta petición fue "derivada por Instituciones Penitenciarias" y que "esta pareja ha aguardado en todo momento la lista de espera" que hay en el centro hospitalario para estas intervenciones. SALUD:

"derivada por instituciones penitenciarias"

Según explicó entonces el departamento que dirige María Jesús Montero, "esta pareja que ha llegado al Hospital Reina Sofía por una solicitud de Instituciones Penitenciarias, organismo encargado de la atención sanitaria de la población reclusa, ha seguido todos los cauces y plazos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía y en ningún momento se ha prestado trato de favor alguno, ni se ha priorizado su demanda, ni se han acortado los plazos para un tratamiento de fecundación en este hospital".

Junto a ello, Salud resaltó que este tratamiento "se presta en virtud de un convenio marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la administración central que se firmó en el año 1995, cuando gobernaba el PP" y recuerda que "ni la administración autonómica ni los profesionales del sistema sanitario público andaluz pueden autorizar o negar la prestación asistencial solicitada para la población reclusa desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior y regulada por este convenio anteriormente citado y que es idéntico para el resto de las comunidades autónomas".

Por último, la Consejería subrayó entonces que, "en este caso, como en el resto de antecedentes de España, la solicitud ha sido directamente derivada por Instituciones Penitenciarias, no teniendo competencias algunas la comunidad autónoma en este sentido, según establece la normativa vigente", recogido en el Reglamento Penitenciario y el convenio marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la Administración Central).