El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha considerado este viernes que el real decreto ley que eleva las exigencias de capital en la entidades financieras "no es positivo, ni es garante del empleo ni del papel social de las cajas", y terminará con la "desaparición" de la "única 'banca social' que había en España".

En rueda de prensa para analizar el Acuerdo Social y Económico, junto al secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, Pastrana ha defendido la "posición muy crítica y contraria" de su sindicato ante los cambios normativos para las entidades financieras y "los pasos que el Banco de España y las autoridades económicas han ido poniendo a lo largo del último año".

"Todas las medidas que se están poniendo en marcha conllevan un altísimo coste para el empleo, que tiene un coste económico importante, y las medidas que ahora se plantean tampoco consideramos que vayan a ser ni positivas ni garantes del empleo ni del papel social que las cajas han venido desempeñando hasta ahora", ha subrayado.

Así, ha señalado que es "evidente" que hay que enfrentarse a "otra realidad totalmente nueva" que está "condicionada" y "sólo al servicio de la solvencia de nuestro sistema financiero en detrimento de otros asuntos".

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que eleva las exigencias de capital a las entidades financieras para reforzar su solvencia y recuperar la confianza de los mercados en la economía española, ha anunciado la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

"Parte del sector financiero sigue suscitando dudas en los mercados", aseveró la ministra. Los nuevos requerimientos entrarán en vigor en marzo de 2011. El objetivo es que las entidades, hasta en los momentos "más adversos e improbables" puedan mantener la concesión de crédito.

Las necesidades de capital adicional del sistema financiero español no superan los 20.000 millones de euros, según los datos que maneja el Ministerio de Economía basados en cálculos del Banco de España.

La norma establece una exigencia de capital del ocho por ciento para las entidades, y del diez por ciento para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores en el 20 por ciento del capital y disponen de una excesiva dependencia de la financiación mayorista, de más del 20 por ciento.

El decreto, que se adelanta a los requisitos de capital de la regulación internacional de Basilea III, establece que las entidades que no alcancen dichos niveles mínimos antes del próximo septiembre recibirán recursos públicos.