Marisol Carrasco, doctora en medicina estética entre cuyos clientes cuenta con la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha defendido ante la jueza instructora del caso Voltor el interés público del proyecto que impulsó para evaluar los spas de los hoteles y por el que el Govern la contrató de forma presuntamente irregular por unos 85.000 euros, al tiempo que ha aseverado que el desarrollo de la iniciativa requirió de "muchas horas" y de "años de trabajo".

Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Carrasco, que ha prestado declaración como testigo, ha señalado que la idea de poner en marcha este proyecto se fraguó en 2006, cuando pidió consejo a Munar para saber dónde podía presentarlo. Así, en noviembre de ese año se reunió junto a su equipo profesional con la entonces presidenta del Consell y otros consellers como el de Presidencia, Francesc Buils, pese a que en ese encuentro les transmitieron desde la Institución insular que este proyecto no era de su competencia.

Así, fue en 2008 cuando, tras "muchos intentos" de que los recibieran en el Govern para poder materializar la propuesta, tuvo lugar la presentación de ésta a la que asistieron tanto Buils, ya como conseller de Turismo del Ejecutivo autonómico, como el ex gerente del Instituto de Estrategia Turística, Antoni Oliver. En un momento dado, ha explicado la testigo, Buils se le acercó y le comentó que su proyecto era "precioso".

"En ningún momento se trató de un tema de adjudicación a dedo", ha defendido Carrasco a pesar de que las investigaciones apuntan a se habría beneficiado de forma directa de un contrato menor de 18.000 euros y un negociado sin publicidad por importe de 60.000 euros más IVA -unos 85.000 euros en total- para catalogar los balnearios de las instalaciones hoteleras. Los investigadores tratan de esclarecer si estas concesiones fueron otorgadas de forma que se evitase la convocatoria de un concurso público.

Según las pesquisas, la esteticista y sus socios, quienes han prestado también declaración ante la jueza, mediante la fórmula del negociado, al que concurrieron tres empresas relacionadas, los tres socios se garantizaban la concesión del contrato, al presentarse a través de una sociedad que acompañaban de otras dos ofertas de apoyo, según informaron fuentes del caso a Europa Press.

La incoación de esta pieza separada se produjo después de que la Conselleria aportase al Juzgado un expediente con los pagos que efectuó el departamento, entonces dirigido por el ex 'uemita' Francesc Buils, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros en el marco del caso Voltor. Los investigadores sostienen que las auditorías realizadas por Carrasco carecían de utilidad pública e incluso se desconocen la mayoría de los resultados arrojados por las presuntas inspecciones. (

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