El secretario general de la UGT-PV, Conrado Hernández, ha señalado este jueves que sólo unos 8.000 desempleados valencianos perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía de los cerca de 50.000 que en su opinión tendrían derecho a recibirla. Por ello, ha exigido al Gobierno valenciano que se adapte esta norma a los colectivos con un alto riesgo de exclusión social.

Este es uno de los objetivos que se ha marcado UGT para este ejercicio y que está incluido en el 'Documento de prioridades de la UGT-PV' que este jueves ha presentado en rueda de prensa acompañado del secretario de acción sindical de UGT, Gonzalo Pino, y de la secretaria de Innovación y Coordinación Industrial, Ana María Toral Pérez.

Al respecto, ha constatado que tal y como está redactada la norma en estos momentos "se debe ser pobre de solemnidad" para poder recibir la ayuda y se puede dar el caso de que "aunque estés en paro y no tengan subsidio te denieguen esta ayuda si tienes un piso en propiedad sin hipoteca". Además, ha puesto de relieve que en la Comunitat valenciana existe alrededor de un 30 por ciento de parados que ya ha agotado todas las ayudas y prestaciones y por tanto son susceptibles de poder acceder a la renta Garantizada de Ciudadanía.

"En tanto en cuanto no se genere el empleo necesario existe la necesidad de seguir atendiendo a los parados con mayor riesgo de exclusión social", ha reivindicado. Por ello, ha exigido al Consell una reforma de esta norma para que las personas excluidas del mercado laboral y que se encuentren sin ningún tipo de cobertura en la actualidad puedan acceder a este tipo de ayudas incrementando las cantidades mínimas mensuales concedidas a la unidad de convivencia en función del IPREM 2011.

Del mismo modo, ha exigido la aplicación de la Ley de dependencia ya que en la actualidad hay un total de 74.595 personas dependientes que tiene reconocido su derecho a percibir la prestación o servicio, aunque de ellas precisamente el 50 por ciento 36.989 no recibe nada. Además, del aspecto social ha resaltado que de cumplirse la ley se podrían crear unos 25.000 empleos.

Por otro lado, ha señalado que "no es razonable" que "las empresas viables tengan que cerrar por falta de crédito" por lo que ha reclamado al Gobierno valenciano que lo facilite a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Hernández también ha criticado que desde que se constituyó hace medio año el Observatorio para la Industria y los Sectores Económico "en un acto muy bonito con la presencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no se ha vuelto a reunir". Así, ha señalado que están pendientes de establecer los ratios de seguimiento y valoración. En ese sentido, se señala que se deben abordar las políticas de potenciación del sector industrial previstas para la Comunitat en el marco de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015.

Otros de los aspectos que propongan son la rehabilitación de viviendas y su adaptación a las personas dependientes; en materia de infraestructuras el establecimiento de la red de logística acordada, especialmente la relativa al Corredor Mediterráneo o una apuesta por la calidad y respeto medioambiental del sector turístico, entre otras medidas.