El militante socialista Ramón Díaz, que este miércoles se convertirá en diputado del Parlamento andaluz, ha negado haber tenido "relación con pólizas de prejubilaciones ni expedientes de regulación de empleo (ERE)" durante su etapa como asesor laboral de la Consejería de Empleo de la Junta y ha criticado la "caza de brujas lamentable y repugnante" promovida por el PP para "criminalizar" la política de ayudas sociales y económicas a empresas en crisis. Además ha anunciado que se reserva la posibilidad de emprender "las acciones legales pertinentes para preservar mi honor y mi imagen".

En un comunicado remitido a Europa Press, Díaz ha explicado que su función en el proceso final de negociación que dio lugar al cierre de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) fue "mediar entre empresa y trabajadores para conseguir un punto de encuentro final", por lo que su firma aparece en el acta como "asesor laboral", pero ha querido dejar claro que su labor se limitó a la consecución del acuerdo relativo "únicamente al cierre de la factoría" sin recoger "en ningún momento pólizas de prejubilaciones ni EREs en el contenido del acuerdo".

El dirigente socialista aclara en primer lugar que trabajó como asesor laboral de la Consejería de Empleo desde octubre de 2005 hasta noviembre de 2009 mediante una asistencia técnica de la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) desarrollando "funciones en el marco de la mediación de las relaciones laborales de los conflictos que fueron surgiendo en el ámbito de Andalucía y siempre a requerimiento del director general de Trabajo".

Así, Díaz indica que participó "en la negociación de la reestructuración del sector azucarero y de la OCM del azúcar en Andalucía" y en la "coordinación del congreso europeo de sindicatos", además de acudir a la "intermediación laboral entre empresarios y trabajadores en los conflictos que finalmente derivaban a la Dirección General del Trabajo" y de realizar periódicamente informes de conflictividad laboral en el marco de Andalucía para el consejero de Empleo e informes de las iniciativas y preguntas parlamentarias relacionadas con la Dirección General de Trabajo.

El caso de delphi

En el caso de Delphi, admite su participación en el "proceso final de negociación que dio lugar al cierre de la planta y al cese de la actividad productiva, cuando se produjo una reunión en 2007 en la sede de la Consejería de Empleo donde se alcanzó finalmente un acuerdo suscrito por la totalidad de los sindicatos presentes en la empresa, la representación empresarial (General Motors) y los administradores concursales, en relación únicamente al cierre de la factoría, en ningún momento, se recogen pólizas de prejubilaciones ni EREs en el contenido del acuerdo".

Tras subrayar que las indemnizaciones que recoge el acuerdo por valor de 120 millones de euros "corren por cuenta de la empresa General Motos como pago a los trabajadores por el cierre de factoría", Díaz detalla que su "función en este proceso fue la de mediar entre empresa y trabajadores para conseguir un punto de acuerdo final", siendo suscrita el acta final, además de las partes implicadas en la negociación, por el consejero de Empleo, el viceconsejero, el director general de Trabajo, el delegado de Trabajo de Cádiz, delegada de Innovación de Cádiz, y él mismo "como asesor laboral, terminando en ese momento mi relación con este conflicto laboral, no habiendo vuelto a tocar ninguno de los temas fruto de los acuerdos que figuran en el acta".

"La inclusión de mi firma se limitó a los términos anteriormente explicados, es decir, la consecución de un acuerdo que posteriormente desarrolla la Viceconsejería de Empleo, la Viceconsejería de Innovación, el gerente de la Agencia IDEA, las federaciones regionales del metal de UGT y CCOO y la representación empresarial", añade la nota, que insiste en que "no hay pues ninguna relación con pólizas de prejubilaciones ni EREs, ni ningún otro instrumento distinto al objeto expresado posteriormente".

Por todo ello, Díaz sostiene que "el intento de relacionar esta firma en el acta con una presunta actuación irregular no tiene base que lo sustente y si alguna persona o representante político intenta vincularlo, estará intentando una burda y falaz manipulación de los hechos", por lo que se reserva, en su caso, "las acciones legales pertinentes para preservar mi honor y mi imagen".

"juicio paralelo"

"El PP y determinados medios de comunicación están realizando un juicio paralelo contra las personas y una causa general contra los EREs en Andalucía, un instrumento que ha servido y sirve para ayudar a los trabajadores y mediante el cual, muchas comarcas andaluzas han logrado mantener su actividad gracias al apoyo de la Junta", critica el dirigente socialista, que señala que "relacionar a personas sin pruebas con presuntas irregularidades o simplemente insinuaciones sin decir nada son una perversión en toda regla y un intento de ataque a la política de ayudas sociales y económicas a empresas y trabajadores en crisis".

Tras destacar que "no se pueden descalificar estas políticas de empleo" y recordar que "más de 6.000 trabajadores han recibido estas ayudas", Díaz censura la "estrategia del PP" que, a su juicio, "pasa por hacer sospechosos a toda aquella persona, cargo público o familiar, que haya intervenido en algún momento en procedimientos totalmente legales relacionados con los expedientes de regulación de empleo".

"Es totalmente reprobable que se intente manchar de esta manera a personas sin ninguna base legal y que ni siquiera han sido llamados por ningún órgano policial o judicial. Esto simple y llanamente, se ha convertido en una caza de brujas lamentable y repugnante", critica Díaz, que asegura tener "la conciencia tranquila porque mis actuaciones siempre han sido en el marco de la legalidad y pensando siempre en los trabajadores andaluces, un objetivo que siempre ha guiado mi carrera sindical y política".