En rueda de prensa han resaltado su "satisfacción" con la reunión celebrada este lunes con técnicos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para exponerles las "irregularidades" del proyecto. En el encuentro han participado junto a IU y Los Verdes, representantes de UNA y Bloque por Asturies, de CCOO, de la UCE, asociaciones ciudadanas, organizaciones ecologistas y representantes políticos de varios municipios.

Vázquez y Álvarez han apuntado que los técnicos del BEI no hicieron comentarios sobre la planta sino que tomaron nota de la información aportada y se llevaron documentación. "La decisión la tomarán después de examinar la información", ha señalado la edil mierense reconociendo que se desconoce el plazo del BEI para resolver si concederá o no un crédito al Principado para construir la incineradora.

Asimismo, Álvarez ha indicado que los técnicos del Banco Europeo de Inversiones también han concedido una reunión a Cogersa y al Gobierno asturiano.

Respecto a la posibilidad de que se pudiera pedir el crédito a una entidad privada si el BEI no lo concede, la edil ha afirmado que "parece difícil que si no consigue el crédito del BEI vaya a lograrlo en la banca privada".

Por su parte, Emilia Vázquez ha resaltado que "todavía hay una posibilidad de hacerlo de otra manera" apostando por la Proposición de Ley de Gestión de Residuos, que su grupo parlamentario ha presentado en la Junta.

Además, la diputada de IU-Verdes ha incidido en que la propuesta de la incineradora incumple "todas" las directivas nacionales y europeas. "Si se cumple con las directivas la incineradora carecerá de utilidad, y si se hace como se pretende, incumplirá todas las normativas", asevera al tiempo que reseña que la amortización de la planta en 20 años supondrá un gasto de unos 2.000 millones de euros para los asturianos, un coste que considera "inútil y contrario a una buena política de gestión ambiental y económica".

Por ello, ante lo que consideran un proceso lleno de "irregularidades" desde IU-Verdes piden que se haga de otra manera porque "se está tomando el camino equivocado" que supone "un ataque" al modelo de gestión de residuos centrado en el reciclaje y a la transparencia democrática.