La Inspección de Trabajo se ha pronunciado sobre "los incumplimientos" en materia laboral que se vienen produciendo por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva), gobernado por José Martín (PSOE).

Según ha informado el sindicato CSIF en un comunicado, en su resolución, que da respuesta a un informe presentado el año pasado por el comité de empresa de este consistorio —con la mayoría de CSI-F y representación del Sindicato Independiente, CCOO y UGT—, la Inspección ha detectado una serie de irregularidades que, según se explica en el documento, afectan a los derechos laborales y económicos del personal dependiente del Ayuntamiento. Concretamente, estas "anomalías" son consecuencia de la "falta de un convenio único que regule las condiciones profesionales de los trabajadores laborales".

Por este motivo, en el requerimiento al equipo de Gobierno se insta a iniciar las negociaciones oportunas para elaborar dicho convenio con el objetivo de "subsanar la problemática planteada" en materias como la regulación de los monitores de la ludoteca o el reconocimiento de categorías.

En otro orden de cosas, la Inspección también corrobora la deuda que esta corporación mantiene con la plantilla laboral. Concretamente, reclama el abono de las cantidades en concepto de productividad y las ayudas sociales debidas hasta la fecha y el montante relativo a los trienios que haya sido reconocido durante el 2010.

Otro de los incumplimientos en materia laboral al que se refiere el informe es la configuración de la mesa de negociación ya que, en el momento de la inspección, no se habían designado a sus representantes mediante escrito. Igualmente, se exige "la creación o justificación de la existencia" de la Comisión de Formación encargada de velar por el desarrollo y cumplimiento de los planes formativos destinados a los trabajadores del Ayuntamiento aljaraqueño.

Finalmente, y en relación al local sindical del comité de empresa, se constata la "falta del mobiliario" adecuado para el archivo y almacenaje de la documentación que necesita este órgano de representación por lo cual se requiere al equipo de Gobierno la subsanación de estas deficiencias.

Desde la Inspección, se advierte al consistorio que el incumplimiento de estas obligaciones "podrá dar lugar al levantamiento de la correspondiente Acta de Infracción por los hechos detectados". El Ayuntamiento tendrá hasta el 13 de abril para ponerse al día, fecha en la que tendrá que acreditar ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social la puesta en marcha de las medidas oportunas a los requerimientos notificados.

Críticas de ccoo,

"clima de persecución"

De otro lado, la sección sindical de CCOO en la policía de Aljaraque ha criticado que se está tratando de dividir a los agentes afiliados al sindicato "mediante la imposición unilateral de un cuadrante", hecho por el que "se está vulnerando el convenio colectivo, el reglamento interno y la mesa general de negociación". Ante esta denuncia, los representantes de CCOO ha recibido por respuesta que "se trata de una decisión del oficial jefe, y de la delegada de Seguridad Ciudadana".

En este sentido, la sección sindical de CCOO ha anunciado que esta semana abrirá la vía contencioso-administrativa para denunciar una situación que "forma parte de una estrategia para desestabilizar e intentar producir una fractura social en el propio colectivo". CCOO ha insistido en que la disposición del cuadrante "tiene que pasar por la mesa general de negociación" y ha recordado que se ha intentado hacer ver a la corporación "la vulneración" de sus derechos como trabajadores y trabajadoras.

Además, el sindicato ha lamentado que desde las pasadas elecciones sindicales en las que el sindicato aumentó su representación en la policía de Aljaraque, se han producido "hechos lamentables" como la apertura de expedientes a cuatro policías afiliados a CCOO, que ya han sido recurridos por el sindicato.

De hecho, la sección sindical en la policía local de Aljaraque ha asegurado que existe "un clima de desmotivación" ante lo que ha considerado una "persecución" contra los trabajadores y trabajadoras afiliados a CCOO.