La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, instructora del caso Voltor, ha aplazado al mes de marzo las declaraciones que había previstas esta semana en el marco de la pieza relacionada con las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió el empresario de la comunicación Jacinto Farrús desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De este modo, la magistrada reanudará el 7 de marzo estas comparecencias, con el interrogatorio en calidad de testigos de cuatro personas pertenecientes al personal del Grupo Marxant, vinculado a Farrús. Por su parte, será el día 14 cuando este empresario, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, preste declaración como imputado, misma jornada en que está citado como testigo Pedro Serrano.

Mientras tanto, el 15 de marzo están previstas las declaraciones del ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, la técnica del Inestur Victoria Botin y el ex gerente de esta empresa Antoni Oliver; el día 16 las del ex responsable económico del Inestur Álvaro Llompart y de Margarita Munar -administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, con cuya denuncia se iniciaron las investigaciones-; y el 17 las del ex conseller de Turismo Francesc Buils y la técnica Catalina Mas.

Cabe recordar que en su denuncia, Munar ponía de manifiesto que su empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, por un importe de 360.000 euros (417.600 euros con IVA), al que se presentaron un total de 13 licitantes, y aseveraba que el concurso fue "manipulado" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Torun Consulting, vinculadas a Farrús.

Según las pesquisas, tanto la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial como Seico 9 SL eran las dos sociedades que mejor valoración tenían, pese a que en el último momento la UTE formada por Torun Consulting y THR Asesores -en la que figura Farrús como apoderado- pasó de estar en un quinto lugar al primero, hecho que fue denunciado ante Fiscalía por los administradores de las mercantiles perjudicadas al entender que la adjudicación se había llevado a cabo de forma irregular y que podía haber un trato de favor hacia la ganadora.

Es más, varios testigos han puesto de manifiesto ante la jueza que la UTE resultó favorecida de un día para otro en este concurso pese a que las anteriores dos sociedades estaban mejor valoradas, mientras que Luisa Tortella, ahijada de la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, negó haber sido quien cambió el informe y tener relación alguna con las sociedades del empresario, a pesar de que una las anteriores testigos apuntaron hacia ella como la responsable de la modificación.

Las investigaciones sitúan al empresario como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Gobierno balear, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.