Una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido desestimar el recurso interpuesto por el Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Llanes contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de 2007 que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Supremo ha decidido desestimar todos los motivos de casación alegados y ha declarado que "no ha lugar" a los recursos de casación interpuestos por la Junta de Compensación del Plan Parcial S.A.U.3 'La Portilla-Pancar', la Junta de Compensación del Plan Parcial 'La Huertona', el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Llanes, y la Junta de Compensación del Plan Parcial "La Talá", contra la sentencia del TSJA.

Además, el Supremo, que ha decidido imponer las costas a los recurrentes, ha hecho saber a las partes que contra la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, "no cabe recurso ordinario alguno".

Fue el 11 de abril de 2007 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) anulaba el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes (PGOU) por "no ajustarse al ordenamiento jurídico".

El Tribunal consideraba que la Administración autonómica aprobó la clasificación de suelos como ubanos "que no acredita que tengan tal carácter" y estima que las variaciones introducidas en el documento durante su tramitación obligaban necesariamente a someterlo de nuevo a información pública.

El recurso judicial fue presentado por la formación nacionalista Andecha Astur contra el acuerdo del 10 de julio de 2002 adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), al igual que el acuerdo de dicho Pleno de fecha de 15 de abril de 2003, consecuencia del anterior, relativo al Texto Refundido del PGOU.

El 12 de abril de 2007 la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, dijo en rueda de prensa que el Ejecutivo regional acataba pero no compartía la sentencia. Y confirmaba que el Principado iba a recurrirla junto al Ayuntamiento de Llanes.