La asociación ecologista Arca ha afirmado que la modificación de la Ley de Costas "atenta" contra el principio de seguridad jurídica y no al contrario como asegura el Partido Popular, y ha reiterado que las cifras sobre empresas afectadas que se barajan son "absolutamente falsas".

En un comunicado, Arca "niega" que la modificación de la ley que promueve el PP genere mayor seguridad jurídica, tal y como, dice, "repite" su presidente regional, Ignacio Diego, y asegura, por el contrario, que este tipo de propuestas para "legislar a la carta" son una "permanente invitación a incumplir las leyes".

Para la asociación, estas propuestas, unidas al "incumplimiento" de las sentencias judiciales, está acarreando "consecuencias catastróficas" para Cantabria.

Recuerda en este sentido que la seguridad jurídica es un principio "universalmente reconocido" y representa la seguridad de que se conoce "lo prohibido, mandado y permitido" por los poderes públicos, por lo que modificar ahora una ley publicada en 1988, con el propósito de convertir en "indefinidas" unas concesiones para ocupar el dominio público que vencen en 2018, "solo puede ser calificado como un atentado" a dicho principio.

Además Arca reitera que las cifras que se están barajando sobre las empresas afectadas por los deslindes del dominio público son "absolutamente falsas", porque los datos "reales" reflejan que solo "unas decenas" están afectadas y, en todos los casos, es posible su regularización sin necesidad de "dinamitar" el articulado de una ley "fundamental" para gestionar ordenadamente el litoral español.

Por último, lamenta el "sectarismo" del presidente regional del PP, por tratar de "vetar" a la asociación como interlocutora del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en los trabajos dirigidos a garantizar que la aplicación de la Ley de Costas en Cantabria sea compatible con la actividad económica y los puestos de trabajo.