La Fiscalía de Granada ha denunciado al ex alcalde de Gor (Granada), Francisco Porcel (PP), por un posible delito de prevaricación urbanística relacionado con la modificación de un contrato de arrendamiento de un edificio para prestación de servicios y con la supuesta ilicitud en la concesión de una licencia de obra para la ampliación y reforma de un cortijo, situado en suelo no urbanizable.

Fue el actual alcalde, el también 'popular' Miguel Molina —que arrebató la Alcaldía a Porcel tras una moción de censura pactada con tres ediles del PSOE—, el que denunció a su antecesor en el cargo el pasado 15 de julio de 2010, lo que llevó a la Fiscalía a practicar una serie de diligencias. Concretamente, y según consta en el decreto de denuncia del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicitó un informe a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Gor, otro al arquitecto municipal y un tercero al Seprona de la Guardia Civil.

Según el escrito de la secretaria-interventora, recogido en la denuncia del fiscal, el ex alcalde modificó el contrato de arrendamiento de un edificio para prestación de servicios a una empresa, concretamente la mercantil Sagesur, sin existir, "o al menos demostrar la existencia de un interés público", prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido "vulnerando además los principios de publicidad y concurrencia, así como de igualdad de trato a los candidatos".

En lo que respecta a las obras promovidas por el ex alcalde en un cortijo, el Cortijo de los Galeotes, el arquitecto municipal del Ayuntamiento ha informado al Ministerio Público de que el suelo en el que se ubica la construcción está calificado como suelo no urbanizable, aunque no de especial protección. En ese sentido, en los terrenos en los que se levanta el cortijo sólo se permiten construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas, y edificios aislados destinados a viviendas en los que no exista posibilidad de formación de núcleo de población.

Sin embargo, las obras para las que se presentó proyecto de ejecución incluían la ampliación de una planta del cortijo, por tanto de uso residencial, y la rehabilitación de otra edificación de carácter residencial con una antigüedad de más de 50 años.

Según el Seprona, el conjunto de obras en este cortijo, que promueve el ex alcalde, se ubica en suelo no urbanizable, "no ajustándose a la licencia solicitada y posteriormente concedida" en el hecho de que una de las construcciones es una edificación de nueva planta, otra es una edificación que fue previamente demolida, "lo que se obvió en el proyecto presentado por el promotor", y de una tercera "no tiene conocimiento el Ayuntamiento" de que se esté procediendo a un cambio de uso, puesto que se está transformando una cochera en un albergue para cazadores, lo que exigiría, en este caso, un proyecto de actuación.

Tras todos estos informes, la Fiscalía entiende que los hechos son aparentemente delictivos y que estos concretamente pueden revestir el carácter de un posible delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que puede conllevar penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, y del artículo 319.2, que podría suponer una condena de uno a tres años de cárcel y multa, además de inhabilitación especial para profesión u oficio de constructor o promotor por tiempo de uno a cuatro años.