El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto con fecha 8 de febrero en el que estima las alegaciones efectuadas por CCOO el pasado 4 de febrero sobre el acuerdo firmado entre CCOO y UGT y la Junta sobre la reordenación del sector público andaluz y donde desestima la suspensión solicitada por el sindicato CSIF, por lo que sí se votará el proyecto de ley el próximo día 16 en el Pleno del Parlamento andaluz.

En una nota, el sindicato CCOO ha reiterado que defenderá sus alegaciones enviadas a los distintos grupos políticos para que se discutan y aprueben en el trámite parlamentario.

Por otra parte, la central sindical ha denunciado el "doble discurso" de ciertas fuerzas políticas y sindicales en relación con este asunto, en referencia al proceso que se está acometiendo en Galicia, donde gobierna el PP "y donde CSIF, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, sí ha presentado alegaciones".

El sindicato ha explicado que una vez más la justicia da la razón a CCOO y con ello se consigue la finalidad del Acuerdo firmado, "que no es otra que lograr que la reordenación del Sector Público se lleve al Parlamento andaluz para su debate, y obligar con ello al Gobierno andaluz a rectificar su actitud de aprobar la reordenación de forma unilateral mediante decretazo aprobado en agosto de 2010". En ese sentido, CCOO ha recordado que "gracias a este acuerdo ese decretazo se tuvo que retirar".

Por otra parte, el sindicato ha denunciado el "doble discurso" de ciertas fuerzas políticas y sindicales en relación a la reordenación del sector público y se ha referido al caso de la comunidad autónoma de Galicia, donde gobierna el PP y se acaba de publicar en el BOE la Ley de Organización y Funcionamiento de la administración general y sector público autonómico de Galicia que recoge, entre otras cuestiones, y, según ha apuntado CCOO, "la integración por decreto del personal procedente de entes instrumentales como personal laboral fijo de la Xunta gallega".

Por último, el sindicato ha insistido en que CCOO defenderá sus alegaciones enviadas a los distintos grupos políticos para que se discutan y aprueben en el trámite parlamentario y ha criticado en este punto que CSIF, "que no ha presentado alegaciones al proyecto de ley, exigiendo desde el principio su derogación, haya adoptado una posición muy diferente en las comunidades gobernadas por el PP, donde sí han presentado alegaciones".