La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha apuntado que la resolución emitida sobre la concentración de empleados públicos convocada para el 16 de febrero ante el Parlamento andaluz en contra del decreto ley de reordenación del sector público "respeta la legislación vigente para que se hagan compatibles todos los derechos" y se ha aplicado "los mismos criterios que en otras movilizaciones", de forma que en esta resolución "no aparece nada nuevo en relación con otras manifestaciones".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla han apuntado a Europa Press una serie de argumentos técnicos que justifican su resolución, en la que se autoriza la concentración del día 16 aunque no se permite el uso de aparatos y artilugios que emitan ruido ni se permite una ocupación de toda la vía pública.

De esta forma, han apuntado que "por un lado se pretende velar por que se desarrollen sin problemas esas manifestaciones y para dar cumplimiento al derecho fundamental de manifestación", a lo que se suma que "debe estar garantizado el transcurso de la sesión plenaria prevista en el Parlamento andaluz", toda vez que esta concentración tiene lugar el día del debate en pleno de la Cámara del decreto ley de reordenación del sector público.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla alega que "tiene que quedar garantizado el acceso al hospital Virgen Macarena, el centro hospitalario de la zona", al no permitir la total ocupación de la vía pública.

También alude a la necesidad de "cumplimiento de las ordenanzas municipales en contra el ruido en este caso".

La Subdelegación ha agregado que "de todo ello se deja constancia en todas las resoluciones de este tipo, no es nada nuevo y en todas las autorizaciones de manifestaciones se mencionan de forma recurrente el cumplimiento de la ley vigente y de las ordenanzas municipales".

Asimismo, ha precisado que se convocó a todos los sindicatos a una reunión para organizar las movilizaciones y en esa reunión se acordaron esos términos, de forma que "hemos tenido un total respeto a la legislación vigente para que se hagan compatibles todos los derechos".