Ante las declaraciones realizadas hoy, día 10, por el secretario general del PSOE, el Partido Popular de La Rioja afirma que Martínez Aldama sólo es capaz de "repetir las mismas calumnias. Esta es la única aportación para La Rioja de Aldama, la calumnia".

El Partido Popular, en un comunicado, ha reiterado que, en los temas que afectan a expedientes de familiares, "no va a permitir ni consentir ningún linchamiento, que es lo que pretende el PSOE". En relación al asunto del viñedo al que se ha referido hoy Martínez Aldama, el Gobierno de La Rioja abrió un expediente, ordenó arrancar las viñas, éstas se arrancaron y, por lo tanto, se cerró el expediente. En definitiva, "es falso que la Consejería de Agricultura haya mirado para otro lado".

A su vez, hay que recordar al secretario general del PSOE que el debate de la Comisión de Investigación sobre este asunto "ya se celebró en su momento en el Parlamento de La Rioja".

En cuanto a otros asuntos privados de otras personas, a los que también ha hecho referencia nuevamente Martínez Aldama sin aportar nada nuevo, son precisamente eso, "asuntos privados, y serán los juzgados los encargados de dilucidar la cuestión".

Con respecto a la petición del Partido Popular de creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento de La Rioja sobre las contrataciones y adjudicaciones "irregulares" del Ayuntamiento de Logroño dentro del Plan de Dinamización de Producto Turístico 'Enoturismo en Logroño', el Partido Popular recuerda que el Gobierno de La Rioja aporta fondos a este Plan que gestiona el Ayuntamiento y que, "como se está demostrando, gestiona mal. Tan mal que han pagado por suministros que no están donde deberían estar desde hace dos años".

Por otra parte, resulta "grotesco que el mismo PSOE que pide transparencia donde ya se aplica, se niegue a investigar irregularidades por valor de 700 millones de euros". Esto es lo que hacen los dirigentes socialistas, por ejemplo, en Andalucía, donde "se niegan a crear una Comisión en el Parlamento andaluz que investigue las irregularidades detectadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía durante los últimos diez años, por un montante de casi 700 millones de euros (120.000 millones de pesetas)".