La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al juzgado de Instrucción número 17 reabrir el caso de la presunta estafa chilena —de más de 10 millones de euros en la compra-venta de inmuebles y de suelo— a un centenar de inversores valencianos, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público.

El tribunal ha estimado así el recurso interpuesto por uno de los afectados contra la decisión adoptada por el juzgado número 17 de Valencia de archivar esta causa, medida que ya había sido solicitada previamente por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el titular del juzgado ha reabierto el caso, en el que a una de las personas que se le consideraba estafador, se presenta ahora como víctima y como acusación particular. Paralelamente, el magistrado, tras deducir un testimonio, ha iniciado otro procedimiento que guarda relación con este anterior, según las mismas fuentes.

Este juzgado abrió diligencias en el año 2009 por un delito de estafa contra un asesor fiscal de Valencia y un ejecutivo de Chile, por supuestamente animar a inversores valencianos a comprar bienes en el país andino procedentes de subastas judiciales.

El magistrado inició la investigación tras recibir una denuncia de uno de los supuestos estafados por su socio y amigo. Entre sus actuaciones, tomó declaración como imputadas a varias personas —con el objeto de proteger sus derechos—, y reclamó a la Fiscalía Anticorrupción unos documentos elaborados en Chile.

Los empresarios aseguraron haber sido víctimas de una estafa de una empresa ubicada en Chile, mediante la cual se les ofreció propiedades y terrenos procedentes de subastas en varias regiones chilenas con la promesa de que triplicarían el valor de lo invertido.

Sin embargo, una vez enviaban el dinero, los empresarios no aparecían como propietarios de los inmuebles, sino que supuestamente obtenían facturas, recibos y escritos y demás documentos falsificados, sin ninguna validez.

El origen

La investigación se inició en Chile en el año 2008, después de que un equipo de Análisis Financiero informara al ministerio fiscal de que había movimientos sospechosos de grandes inversiones en cuentas corrientes de bancos chilenos. Por lo que se conformó un equipo de trabajo especial integrado por policía y fiscalía para esclarecer los hechos. Seguidamente, la Policía detuvo a cuatro personas, de las que tres ingresaron en prisión, y Fiscalía mandó una comisión rogatoria a Valencia para seguir tomando declaración a empresarios valencianos.

Previamente, en Chile, la Fiscalía y Policía advirtieron a los empresarios que se desplazaron hasta allí para saber qué ocurría con su dinero de que todo parecía una estafa. Sin embargo, los imputados utilizaron la investigación que acababa de abrirse para justificarse ante los inversores en España, al decir que todo surgía por una denuncia de un inversor disconforme.

Ante esta afirmación, en un primer momento, muchos inversores respaldaron a los imputados y afirmaron que el dinero dado era a título de préstamo y no por una inversión, y que no se sentían perjudicados. Sin embargo, luego aparecieron personas que finalmente reconocieron que habían sido víctimas de esta supuesta estafa.