Todas las operaciones, que fueron seguidas desde distintos puntos de Madrid, habían sido denunciadas en su mayoría por los propios perjudicados.

Los arrestados proceden de China, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Colombia y Ecuador, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía.

Los cuatro primeros arrestos y las 12 identificaciones corrieron a cargo del Grupo V de la U.C.R.I.F (Unidad Contra las Redes de inmigración Ilegal y Falsedad Documental).

Este departamento recibía la denuncia de las personas que trabajaban en un taller textil, situado en el número 9 de la calle de Julio Merino, en el distrito de Usera. Allí se encontraba hacinado un grupo de personas, que trabajaban en peonadas de casi todo un día.

A excepción del primer detenido, que se encontraba en España de forma regular, los demás eran víctimas del engaño y no habían regularizado su situación en suelo español. En los arrestos colaboraron agentes de la comisaría del distrito.

Empresa ficticia

A este despliegue se sumaron las dos operaciones llevadas a cabo por el Grupo VIII de la misma Brigada.

En el primer caso, se trata de un ciudadano de origen congoleño que recibía grandes cantidades de dinero por "formalizar" el proceso de regularización de otros ciudadanos extranjeros.

Estos contraían una deuda, de 800 a 1.500 euros, a cambio de una documentación falsa y contratos de trabajo en una empresa ficticia, pero que servía de tapadera para el sospechoso.

En cuanto al segundo caso, se trata de la detención de un individuo de origen guineano. Este utilizaba la verdadera identidad de distintos ciudadanos y la adjudicaba a sus "clientes", ansiosos de tener papeles legales con los que poder trabajar en España.

En este caso, el precio de la documentación por persona era de 150 euros, sumados a la amenaza de denunciar a la policía a sus propios clientes si no cumplían su palabra y el pago puntual.

Denuncias de los afectados

Finalmente, la Brigada Provincial ha detenido a cinco personas, nacionales de Colombia y Ecuador, a causa de idénticos motivos que el anterior, es decir, aprovecharse de las expectativas, la esperanza y la necesidad de otros ciudadanos extranjeros.

En este caso, los delincuentes prometían un puesto de trabajo y la regularización en nuestro país, que costaba 250 euros.

Gracias a las denuncias de los propios perjudicados, la policía pudo detener a los delincuentes.