Los promotores de centros comerciales, hoteles y otros elementos singulares por su capacidad de generación de atracción de desplazamientos deberán redactar planes de movilidad, que serán aprobados por la Generalitat, que garanticen el acceso a los usuarios que carecen de vehículo propio para que "verdaderamente estén al alcance de todos". Además, deberán financiar el coste de estos accesos cuando sean deficitarios durante un determinado tiempo.

Estas son lagunas de las novedades que incluyen el proyecto de Ley de Movilidad de la Comunitat, que este miércoles han presentado en rueda de prensa el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, y el director general de Transportes, Vicente Dómine, con el objetivo último de conseguir un transporte público que sea "una verdadera alternativa al transporte privado".

Flores ha destacado que está ley se prevé que se apruebe en les Corts antes de que termine la legislatura y ayudará a cumplir el objetivo de que el 40 por ciento de los 2.500 millones de desplazamientos anuales en la Comunitat que se producirán en 2020 sean en transporte público.

Al respecto, Dómine ha explicado que se fomentarán que los nuevos centros comerciales, residenciales o que supongan muchos desplazamientos se construyan junto vías de comunicación ya existentes, pero que si un promotor decide su construcción alejados de ellos la ley establecerá mecanismos para que paguen durante determinado tiempo las líneas deficitarias.

Así, ha señalado que la redacción de estos planes, que deberá contará con la aprobación de la Conselleria, serán obligatorios y ha garantizado que este trámite no supondrá ninguna dilación en los tiempos. Asimismo, se exigirá planes de movilidad a los municipios de más de 20.00 habitantes en un plazo de cuatro años, así como planes supramunicipales de movilidad para los desplazamientos interurbanos y en el transporte metropolitana.

Por otro lado, se quiere potenciar el uso de la bicicleta. Para ello, los edificios de nueva construcción deberán tener plazas seguras y resguardadas para un número al menos igual de bicicletas al doble del número de viviendas. Del mismo modo, los edificios públicos tendrán estacionamientos para bicicletas, "salvo que resulte imposible dada la configuración o ubicación del edificio, y los centros escolares y universitarios deberán impulsar su uso. Además, los nuevos aparcamientos reservarán un mínimo del 10 por ciento de las plazas.

No obstante, Dómine ha señalado que aunque se discutió cerrar al tráfico rodado una parte de la ciudad se rechazó porque es "un tema muy delicado que supone invadir derechos de movilidad del cuidado y debe ser objeto de legislación estatal". Asimismo, otras de las novedades es que se podrá conceder un contrato integrado de transporte a un mismo operador para líneas escolares y regulares en zonas de débil demanda, como la alta montaña.

Legilación integrada

De este modo, el proyecto de ley de Movilidad recoge la normativa referente a los distintos modos de transporte para favorecer el uso de los sistemas públicos y de los desplazamientos peatonal y ciclista frente al coche particular.

La nueva norma integra la legislación referente al transporte de viajeros, ferrocarriles y tranvías, taxis, logística y planificación de la movilidad. Además, la ley permitirá asegurar un transporte público integrado, accesible, seguro, cómodo y eficiente, que signifique una verdadera alternativa al vehículo privado, según fuentes del Consell.

Así, la Comunitat Valenciana será la primera autonomía que adaptará el reglamento 1370/2007 de la Unión Europea sobre los servicios de transporte por ferrocarril y carretera, al tiempo que avanza en la asunción de competencias previstas en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006.

La Ley de Movilidad contempla medidas para incentivar el transporte público, peatonal y ciclista en todos los ámbitos, así como para favorecer el desarrollo de las infraestructuras de transporte con la menor afección al entorno.

Además, contempla distintos sistemas de transporte de forma integrada, de forma que puedan impulsarse sistemas de gestión con colaboración con empresas privadas con mejores condiciones de claridad y seguridad jurídica. Las infracciones oscilan entre los 400 euros de máxima para las leves a los 6.000 para los muy graves y en caso de reincidencia pueden llegar a los 18.000 euros.

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