La procuradora socialista Yolanda Vázquez criticó este miércoles en las Cortes que la Junta de Castilla y León utilice siempre el argumento "fácil" de que la culpa la tiene el Gobierno de España para justificar la falta de cumplimiento de sus compromisos en materia de función pública, los cuales pide que se ejecuten.

Vázquez se expresó así durante el debate de una moción, que fue rechazada con los votos en contra del PP y una abstención, en la que solicitó a la Junta que ejecutara las medidas contenidas en el Acuerdo Marco de las políticas de Función Pública de 2009 y el cumplimiento de los acuerdos con personal sanitario y docente.

Además, la procuradora solicitó medidas para que la integración en la Agencia de Innovación y Financiación del personal que presta sus servicios en la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León y en Ade Financiación se lleve a cabo con "escrupuloso" respeto a la ley y con participación de los trabajadores y también pidió actuaciones para que el personal que preste sus servicios en los entes públicos de derecho privado sea tratado en condiciones de igualdad con el resto de empleados públicos.

Vázquez apeló al consenso para cumplir las medidas del Acuerdo Marco de 2009 que aún reivindican los empleados públicos, pero también criticó el "argumento fácil" utilizado por la Junta y el PP de que la "culpa" es del Gobierno de España y por eso no se pueden llevar a cabo medidas que "nada tienen que ver" con las llevadas a cabo por el Ejecutivo central para la reducción del déficit como el recorte del sueldo de los empleados públicos.

Aunque la procuradora socialista valoró las medidas tomadas, porque aseguró que al contrario que el PP son "elegantes" y reconocen las cosas cuando ellos no lo hacen ni cuando están de acuerdo, aclaró que ello no quiere decir que no se pueda pedir el cumplimiento de las actuaciones que no se han realizado.

Vázquez, quien criticó que se cifrara en un 99 por ciento los cumplimientos y preguntó cómo se hace este cálculo, recordó que el Acuerdo Marco llegó "tarde", con dos años de retraso desde el inicio de la legislatura, y se firmó "mal", ya que dejó fuera a un sindicato mayoritario como UGT, por lo que considera que fue un "fracaso rotundo y absoluto".

En este sentido, afirmó que la falta de acuerdo ha dificultado el desarrollo de las medidas, al igual que en el convenio de los funcionarios laborales, que se denunció en 2007 y se acordó en 2010 al margen también de UGT, y dicen que no se ha hecho efectivo por el decreto de retribuciones del Gobierno. "Les ha venido al pelo", dijo la procuradora, quien aclaró que nada tiene que ver esta circunstancia, algo que considera que los empleados públicos conocen.

Entre los incumplimientos que citó Vázquez se encuentran la falta de un plan de igualdad, la falta de consenso en el plan de prevención de riesgos, inconcreción o ausencia de un plan sobre medidas de conciliación, o en el caso del personal docente el incumplimiento de las tasas de temporalidad, de una buena oferta de empleo público o de la reducción de la jornada laboral para mayores de 55 años y la equiparación retributiva.

En materia de personal sanitario, censuró la imposición del Decreto de Jornada para imponer el criterio de la Junta, el incumplimiento de las convocatorias u obligaciones retributivas que, reiteró, nada tienen que ver con el decreto del Gobierno.

Cumplimiento y diálogo

Por su parte, la procuradora 'popular' Josefa García Cirac calificó de "visión distorsionada" la que tienen los socialistas sobre esta cuestión cuando sí ha habido avances en todo lo que se refiere a función pública, algo que se ha hecho "de la mano" del Diálogo Social.

Entre estos avances recordó el borrador del proyecto de ley de la función pública, la mejora en la reserva de plazas para discapacitados al empleo público hasta el 10 por ciento, lo que "demuestra" el compromiso de la Junta de Castilla y León.

Además, aseguró que se han mejorado las retribuciones de 3.000 puestos de trabajo, se ha contribuido a la conciliación a través de medidas como el teletrabajo o se ha mejorado también la agilidad del sistema de provisión con la resolución, por ejemplo de 307 procesos de consolidación de empleo temporal y promoción interna.

García Cirac añadió que aunque ni siquiera los socialistas han hecho referencia a ello, se ha aprobado el plan de formación de la Escuela de la Administración (Eclap), lo que ha supuesto un éxito, con más de 120.000 alumnos beneficiados y más de la mitad de la formación online.

Así, afirmó que desde la "responsabilidad" ante la situación que vive el país, la Junta ha cumplido el 99 por ciento de sus compromisos en el pacto con los empleados públicos y se ha realizado una gestión "moderna y eficaz" de los recursos humanos "de la mano de los trabajadores".

Sin embargo, criticó que el Gobierno central "denigre" a los empleados públicos, algo que no sabe si es "por falta de interés" o por "incompetencia" en la gestión de la crisis y acusó a los socialistas de no creer en los empleados públicos, de no haber permitido el desarrollo del Estatuto Básico del empleado público o de recortar sueldos, lo que ha hecho "imposible" desarrollar el convenio colectivo o la carrera profesional.

"No están para lecciones, están para salir corriendo", aseveró la procuradora 'popular', quien criticó que mientras el Gobierno recorta sueldos paga 36 millones de euros en incentivos a quien consideran que cumple su trabajo.

García Cirac insistió en que se han cumplido los compromisos con los docentes y el personal sanitario, que se hace un "escrupuloso respeto" a la legislación en todo lo que se refiere a las relaciones laborales y que la integración de los trabajadores en la Agencia de Innovación y Financiación se hará cumpliendo la normativa y con la representación de los trabajadores.