La portavoz del área de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, Carolina González Vigo, ha afirmado que el decreto que establece el nuevo régimen general de planificación de usos y actividades en los 24 parques naturales de la comunidad, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, carece del consenso "necesario" como demuestra la muestra las quejas de los grupos ecologistas y reproduce el error de distanciar a la población que vive en los espacios protegidos de la gestión de los mismo.

En sentido, la diputada popular ha expresado a Europa Press que la posición de su formación con respecto a la gestión de los Parques Naturales en Andalucía se basa en la "la mayor participación ciudadana en la misma, sin menoscabar la protección medioambiental", añadiendo que la Junta de Andalucía vuelve a actuar de manera "intervencionista" en la gestión de estos espacios mediante, lo que considera "un error".

González ha afirmado que este decreto viene a modificar la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, en la se contemplaban figuras claves para el desarrollo socioeconómico de los municipios que están enclavados en los parques y en su area de influencia como los planes de desarrollo sostenibles, que en su mayoría se aprobaron en 2006, es decir 15 años después de la ley. En este sentido, añade que otra de las figuras eran los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los parques naturales (PRUG).

"La Junta se ha preocupado mucho por la legislación, pero muy poco por el día a día de los espacios naturales", ha lamentado, añadiendo que "después de 20 años y tarde" definen el modelo de gestión de los Parques Naturales. En esta línea, ha subrayado que los índices socioeconómicos de los municipios que están dentro de los espacios protegidos reflejan que están "muy por debajo de la media de otros municipios de la provincia que no están protegidos, así como que presentan mayor dependencia de las subvenciones, una población más envejecida y un índice de paro superior a la media de la provincia".

A este respecto, la diputada popular asegura que "el PSOE no sabe unir protección y desarrollo económico", afirmando que incluso en algunas ocasiones ha existido "división" entre los intereses de los ciudadanos y los dictados de la Administración andaluza.

Por otro lado, Carolina González lamenta que el decreto "no haya sido presentado antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno en el Parlamento para su debate", ya que el PP tiene "mucho que decir en el modelo definitivo de la gestión de los parques". En esta línea, ha resaltado "la falta de consenso y diálogo" con los ecologistas, quienes han anunciado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para recurrir el decreto y agotarán las vías europeas, "lo que no supone un bien para la imagen de los parques andaluces", ha afirmado.

Presentación de mejoras

En referencia al decreto aprobado, Carolina González ha anunciado a Europa Press que lo analizarán en profundidad y que presentarán las mejoras que vean que puedan aportar durante este mes, antes de que entre en vigor. Por otro lado, ha considerado la norma "subjetiva, demasiada arbitraria y con demasiadas disposiciones adicionales que dejan aspectos en el aire".

La diputada popular cree que este decreto "no va a garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en el que dice que hay encomiendas de gestiones a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) que no se deben hacer y que pertenecen a los Agentes de Medio Ambiente, ni evitará que ésta deje de ser el intermediario entre la Administración y las empresas de aprovechamiento de recursos naturales o de explotación de uso público". En este sentido, añade que la norma de gestión de los parques "no va a evitar casos como el hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almería)".

Igualmente, González ha reiterado que esta reforma, que aparece 20 años después de la Ley 2/1989, "no tiene el consenso necesario". No obstante, considera "positivo" que la norma "agilice puntualmente algunos trámites administrativos", aunque sea "intervencionista y reproduzca errores como el distanciamiento de la población de los parques de la gestión de los mismos".

Por último, que este decreto "no cambia el nombramiento de los órganos gestores de los parques naturales", por lo que desde el Partido Popular siguen reclamando que "las modificaciones en las juntas rectoras se realizaran a través del Parlamento y no en el Consejo de Gobierno".