El presidente y socio fundador de la empresa Atlas Capital, León Benelbas, ha asegurado ante el juez instructor del caso Bomsai que durante el proceso de adjudicación de las nuevas sedes de la Conselleria de Salud y del parque de bomberos de Palma únicamente intervino en una reunión mantenida con el entonces conseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, aunque ha negado que en el encuentro se hablase de "proyectos o de evitar la convocatoria de un concurso público".

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, el encausado ha rechazado de este modo que la reunión, celebrada en noviembre de 2004, sirviese para preparar la concesión de ambos proyectos, sino que en ella se prepararon las bases para que Atlas asesorase a CAIB Patrimoni -empresa a través de la cual el Govern materializó las adjudicaciones- en materia financiera y jurídica y confeccionase el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las concesiones.

Es más, el responsable de Atlas, asistido por el letrado Luis Jordana de Poza, ha asegurado que nunca habló con ninguna empresa antes de la adjudicación, por lo que ha negado un presunto amaño en las concesiones. "El trabajo de Atlas era hacer un traje a medida y asesorar en la elaboración de los pliegos", ha incidido al respecto.

Tal y como ha manifestado, fue en comisaría cuando supo había un concurso y otras ofertas, y ha apuntado que las conversaciones hasta que se firmó el contrato entre Atlas y CAIB Patrimoni se llevaron a cabo por mediación del comercial de Atlas Jaume Fluxà mientras que "todas las reuniones, conversaciones, borradores de pliegos y condiciones financieras se canalizaron a través del ex director gerente de CAIB, Jaume Vidal Ladaria.

Por otro lado, el imputado ha defendido la legalidad de los honorarios de éxito que la mercantil cobró de las adjudicatarias de ambos proyectos, que la Fiscalía estima en unos 570.000 euros percibidos de forma presuntamente irregular, y ha aseverado que se trata de una práctica habitual ingresarlos tras haber asesorado a la Administración a la hora de adjudicar un proyecto y principalmente si éste finalmente ha sido concedido a una determinada empresa.

En concreto, las investigaciones apuntan a que Atlas facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria. Unos abonos que suponían el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.

El imputado ha recordado además que en Madrid también aplicó la fórmula de los honorarios de éxito con la Conselleria de Transportes, mientras que también la Sociedad Estatal de Participaciones e Inversiones (Sepi) también ha solicitado a Atlas asesoramiento financiero. Su defensa, para así justificar estos cobros, aportará en próximos días al magistrado un peritaje relativo a los honorarios de éxito percibidos de otras mercantiles, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En relación a las cantidades percibidas, ha recordado que cobraron 28.000 euros tras presentar el primer servicio y luego 11.500 cuando aceptaron la propuesta. Junto a Benelbas también estaba citado como imputado el consejero director general de Atlas, Pablo Cervera, aunque finalmente no ha comparecido en los Juzgados por un error en la notificación del llamamiento judicial y volverá a ser próximamente citado.

Las pesquisas hacen referencia a un presunto desvío de fondos públicos a través de CAIB durante el proceso de adjudicación de la Conselleria y las dependencias de bomberos, y en especial apuntan a la ilegalidad e improcedencia del pago de los honorarios de éxito con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, son sufragados directamente desde las arcas públicas.

Es más, apuntan a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.