Los sindicatos UGT y CCOO están "satisfechos" con el acuerdo social y económico alcanzado entre estas centrales, Gobierno y la patronal empresarial, si bien consideran que todavía es "insuficiente", por lo que han asegurado que seguirán reivindicando las medidas que a su parecer son mejorables.

Así lo han comunicado a la prensa los secretarios generales de CCOO y UGT en las islas, Katiana Vicens y Lorenzo Bravo, respectivamente, quienes han comparecido ante la prensa para informar de este pacto social para hacer frente a la crisis, el cual ha sido sellado este miércoles en Madrid.

Ambos líderes sindicales han coincidido en que el acuerdo ha sido satisfactorio si se tiene en cuenta el punto de partida "mucho más restrictivo" del que salía el Gobierno central. De este modo, han señalado que la negociación ha permitido "paliar bastante" las pretensiones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha indicado Bravo.

El acuerdo, que pivota en torno a la reforma de pensiones, abarca también las políticas activas de empleo, la negociación colectiva, la función pública, la política industrial, la política energética y la de I+D.

Así, Bravo ha afirmado que el pacto alcanzado "no será un viaje a Lourdes, pero sí abrirá una puerta a la esperanza". Vicens, por su parte, ha indicado que el objetivo que se marcaron para salir de la crisis era el de alcanzar un pacto de Estado, que no ha sido posible por la ausencia en la negociación de los partidos políticos. En este sentido, ha apuntado que este acuerdo "tiene su nacimiento en esta idea" y ha apostillado que han logrado "el 50%" de su meta.

En cualquier caso, ambos dirigentes sindicales también han resaltado que este acuerdo ha servido para reactivar el diálogo social, "que estaba muerto" desde que el Gobierno comenzó a principios de 2010 a realizar reformas sociales y económicas de calado de manera "unilateral", ha asegurado Vicens.

Uno de los ejes clave del pacto es la reforma de las pensiones. Sobre este asunto, la negociación ha permitido modificar algunos puntos propuestos por el Gobierno como el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para todos los trabajadores "sin excepción", ha puntualizado Vicens. Finalmente, la horquilla de le edad de jubilación se ha flexibilizado desde los 61 hasta lo 67 años en función de la carrera de cotización de cada trabajador. De este modo, por ejemplo, si una persona trabaja 38,5 años podrá jubilarse a los 65 años.

Además, se mantendrán fórmulas de jubilación anticipada que el Gobierno quería eliminar y la jubilación parcial. Asimismo, se amplia los años que computarán para el cálculo de la pensión hasta los últimos 25 años, mientras que el Gobierno proponía que se tuviera en cuenta toda la vida laboral. Otro elemento importante es que la revisión del sistema de pensiones deberá seguir realizándose en el marco del Pacto de Toledo, y no por una comisión de expertos independientes como pretendía el Ejecutivo.

Preguntada por los periodistas acerca de la situación en la que quedará la cotización de los fijos-discontinuos, un colectivo numeroso en el mercado laboral balear, Vicens ha explicado que las personas que trabajan seis meses se les computa como si hubieran trabajado ocho, porque su tasa de cotización se multiplica por el 1,5%. No obstante, la sindicalista ha precisado que este problema se solventaría ampliando el periodo laboral de este colectivo de los seis a los ocho meses, para que a efectos de cotización fuera como si hubieran trabajado doce.

La secretaria general de CCOO ha considerado que "esta reforma acabará siendo positiva" para el mantenimiento del sistema de pensiones y ha incidido en que no se pueden solucionar los problemas del mercado de trabajo con una reforma de las pensiones y ha añadido, en este sentido, que para ello es necesario reactivar la economía y generar empleo.

Otro de los elementos importantes, ha subrayado Vicens, es que se recupera el PRODI, si bien esta ayuda para los parados que han agotado las prestaciones sociales se reduce de los 426 a los 400 euros y se vincula a un itinerario personalizado de búsqueda de empleo y no a la formación profesional como quería el Gobierno.

El pacto también aborda un acuerdo en política industrial, energía e innovación que tiene como objetivo "caminar hacia el cambio de patrón de crecimiento" y, además, "evitar el susto a los consumidores de los incrementos desproporcionados de las tarifas eléctricas".

Bravo ha remarcado como un "triunfo" el hecho de que el tema de la negociación colectiva será negociada con los agentes sociales y no a por vía decreto por parte del Ejecutivo. "De la manera que lo dibujaba el Gobierno habría sido muy peligroso, hubiera desaparecido prácticamente el alma mater del sindicato, que es la negociación colectiva, que la hubiera dejado prácticamente en manos de los comités de empresa sin ningún tipo de control sindical".

Reforma laboral

Asimismo, también se enmarca en este pacto la reforma laboral, de la que Bravo ha matizado que todavía está pendiente el desarrollo del reglamento y en el que deberán incidir para minimizar sus efectos negativos. En este sentido, ha dicho que pretenden recoger más de 500.000 firmas para realizar una iniciativa legislativa popular.

Vicens ha añadido que la creación de un plan de choque para jóvenes y parados de larga duración constata que "la reforma laboral no sirve para crear empleo" y, como consecuencia, "se proponen nuevas medidas para tratar intentar crear puestos de trabajo".