La sociedad pública Palacio de Congresos -formada en un 50% por el Ayuntamiento de Palma y en otro 50% por el Govern- exige al Grupo Barceló que devuelva la cifra de 4 millones de euros correspondiente al IVA de las certificaciones de obra como condición para resolver el contrato de concesión de las obras de esta infraestructura.

Esta propuesta -que ha sido aprobada este mismo miércoles por el Consejo de Administración del Palacio de Congresos- ya ha sido enviada al Grupo Barceló, por lo que corresponde ahora al grupo hotelero contestar formalmente para que se pueda producir la aprobación definitiva.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del Govern, Francesc Antich, acompañado de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo. El presidente ha señalado que la propuesta supone "no dar ni un paso atrás" en relación al presupuesto establecido, de 106 millones de euros, ni a la finalización de las obras, fijada entre 2011 y principios de 2012.

Preguntado por si no se va a penalizar al Grupo Barceló por su determinación de abandonar el proyecto, Antich ha remarcado que había dos formas de solventar esta situación en aras a finalizar cuanto antes el Palacio: acudir a los tribunales, y que la construcción de la obra se paralizase mientras dura el proceso, o intentar llegar a un acuerdo que no perjudicase la construcción. El Govern y Ayuntamiento han optado por esta última.

Los ejes del trabajo de la Sociedad han sido, según ha reiterado Antich, que "no se parasen las obras, no hubiese un aumento del presupuesto y no se produjese un cambio en la finalización de las obras". "Lo más importante no era si tenía que haber penalización a la empresa, sino que había que huir de la penalización de estar parados dos o tres años", ha añadido.

Cinco millones de euros entre impuestos y el aval

No obstante, la cantidad que podría haber reclamado la sociedad Palacio de Congresos ante los tribunales sería de unos cinco millones de euros, según ha indicado Calvo, quien ha remarcado que la obra "no quedará sin aval".

Así, la alcaldesa ha explicado que Acciona pasará a asumir el aval "por el mismo importe", que avala las obras realizadas hasta ahora ya que "no podemos tener una obra de estas características" sin esta figura, ha indicado la alcaldesa. Se produce, de esta forma, una subrogación del aval y "el que tenía una concesionaria lo pasa a tener otra", ha manifestado Antich.

"Puede que pudiésemos ejecutar el aval, pero nos quedaríamos sin futuro. Desde ese ejercicio de responsabilidad es de donde hemos trabajado para que no hubiera incumplimiento, para que las obras no se suspendieran", ha indicado Calvo.

Concurso público

Después de que se llegue al mutuo acuerdo, se constituirá una comisión formada por todos los grupos políticos en la que se debe acordar sacar a concurso, a finales de este mes, la explotación y gestión del hotel y del palacio, si bien, por el momento, "se están analizando los cánones" que se deben establecer.

En relación a si existe alguna empresa interesada en presentarse al concurso, el presidente del Govern ha dicho desconocerlo y, preguntado sobre la posibilidad de incluir alguna cláusula en el concurso para impedir que el Grupo Barceló aspire a la oferta, Antich únicamente ha señalado que la empresa "ha huido del proyecto".

Por otra parte, la cantidad que debe llegar a través de las inversiones estatutarias, el presidente ha indicado que "una parte" llegó en diciembre, puesto que fueron firmadas con el secretario general de Turismo, Joan Mesquida, por lo que ahora se van a comenzar a iniciar las negociaciones para el año 2011.

"ni un euro más de lo presupuestado"

Calvo ha remarcado que la sociedad considera que la cantidad de 106 millones de euros es "suficiente" para la finalización de las obras, por lo que "nos comprometemos a que no cueste ni un euro más de los presupuestado".

Antich, quien ha enumerado la situación y los problemas aparecidos desde el inicio de las obras, ha hecho hincapié en la necesidad de que Palma cuente con una infraestructura de estas características puesto que es "chocante" que no la tenga una Comunidad Autónoma que "mueve" cerca del 20 por ciento del turismo de España y cuyo Producto Interior Bruto (PIB) depende un 60 por ciento y un 80 por ciento del turismo, directa e indirectamente, respectivamente.