La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este martes el juicio contra el propietario del club de jazz El Secadero, en Alhendín (Granada), por los ruidos ocasionados por el local desde que se abriera en 1994 que han provocado problemas de insomnio, ansiedad o irritabilidad a los vecinos de la urbanización colindante. La Fiscalía pide para el procesado, de iniciales J.L.S.R., un total de cinco años de prisión y además la clausura definitiva del establecimiento, que está actualmente cerrado por orden judicial.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, desde un primer momento el acusado tenía intención de instalar en el edificio —un antiguo secadero de tabaco con un patio— un pub en el que se realizaran actuaciones en directo de grupos musicales.

Una vez instalado el negocio, la explotación y gestión la llevó a cabo J.L.S.R. desde 1994 hasta 2008, primero en nombre de una comunidad de bienes de la que formaba parte y después, desde que en 1997 se inscribiera en el Registro de Asociaciones, en nombre de 'Secadero Club de Jazz y Otras Músicas', entidad que presidía. Desde el inicio de la actividad en 1994, los grupos musicales han ofrecido actuaciones en vivo en El Secadero, que abría todos los días salvo en invierno, cuando cerraba solo los lunes.

Las actuaciones en verano tenían lugar al aire libre, en el patio, mientras que en invierno se desarrollaban en el interior del establecimiento. Los espectáculos comienzan desde la medianoche y se prolongan hasta altas horas de la madrugada, a lo que se suma que muchos de los grupos que actúan los fines de semana ensayan durante la semana. Cuando no hay actuaciones en vivo, el pub tiene en funcionamiento los equipos de música, con altavoces en el patio y en el interior que "carecen de limitador de sonido", según el fiscal, que además señala que el local "carece de cualquier tipo de insonorización".

Por ello, tanto los conciertos como los equipos musicales del establecimiento generan un "altísimo nivel de ruidos", que rebasa el máximo permitido por la normativa aplicable y que produce, en consecuencia, "una contaminación acústica constante, que se repite noche tras noche y genera una posibilidad de grave perjuicio para la salud de los vecinos que viven en las proximidades", concretamente en viviendas que se sitúan la urbanización 'Los Álamos', algunas a poco más de un metro, otras a unos cinco y el resto en un radio de entre 20 y 50 metros.

Insomnio y cambio de hábitos

A consecuencia de la exposición continuada a los "elevadísimos" ruidos generados por El Secadero, los vecinos, sostiene el Ministerio Público, padecen problemas de insomnio, irritabilidad y afectación en el rendimiento de su trabajo, y se han visto obligados a cambiar sus hábitos de vida o la disposición de los dormitorios en sus casas. Algunos se han visto especialmente afectados, y se han tenido que someter a tratamiento médico, tomar antidepresivos o ansiolíticos al tener diagnosticados síndromes ansioso-depresivos. Por ello, decidieron presentar "numerosos" escritos de queja y denuncia ante las instituciones desde 1994 en adelante.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alhendín nunca autorizó la actividad que desarrollaba El Secadero, cuyo propietario pidió licencia para una "terraza de verano con música ambiente y cocina", asegurando que sólo iba a disponer de música "para amenizar el interior" y "evitando posibles molestias a los vecinos".

El técnico municipal informó desfavorablemente la licencia de actividad "ante la falta de concreción de medidas de aislamiento acústico". No obstante, la falta de resolución expresa en plazo del expediente llevó a que, a pesar de que el Ayuntamiento había decretado la clausura del local por clandestinidad —que el acusado "nunca respetó"—, esa orden fuera declarada nula, al considerar los tribunales que existía licencia "por silencio administrativo". En cualquier caso, el acusado sólo tenía autorización "para la ficticia terraza con música ambiental", y esa nulidad no le permitía el incumplimiento de los límites legales de ruido.

El 3 de junio de 2008, agentes del Seprona de la Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, tras comprobar que seguía sin existir en el local ninguna medida de insonorización, hicieron una medición de los niveles de ruido, que alcanzaron los 52,6 decibelios, cuando el límite se sitúa en 43,9. Por ello, el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe acordó el 19 de junio de 2008 la clausura del Secadero, que permanece desde entonces cerrado.

La Fiscalía atribuye por todo lo anterior un delito contra el derecho fundamental del medio ambiente y la calidad de vida de las personas para el acusado que, además de la pena de cárcel, se enfrenta al pago de una multa de 27.000 euros, e inhabilitación especial para la profesión u oficio por tiempo de cuatro años. Procede además, entiende el Ministerio Público, la clausura definitiva del local y que el procesado indemnice a nueve vecinos, con un total de 47.000 euros, cantidades de la que es responsable directa la compañía aseguradora del establecimiento.