El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha testificado este lunes ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, que el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno" en la subvención excepcional concedida por su departamento a la Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, para la creación de una escuela de hostelería. Igualmente, ha defendido que "no tiene sentido" que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce reclamasen supuestamente comisiones ilegales por la concesión de este proyecto al grupo hostelero 'La Raza', dado que el destinatario de la subvención era la propia fundación y no el grupo empresarial.

Fernández ha prestado declaración en calidad de testigo ante la juez Mercedes Alaya durante algo más de dos horas, tiempo en el que, según el acta de declaraciones, su comparecencia se ha centrado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'. Al término de su comparecencia, el ex consejero de empleo ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación y tan solo ha manifestado sentirse "contentísimo" por haber comparecido ante al juez.

Por su parte, el abogado defensor del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, imputado en estas diligencias a cuenta de la alusión a él que contiene la grabación sonora que reveló el caso, ha defendido a las puertas de los juzgados que la declaración del ex consejero de Empleo ha sido "enormemente clara y objetiva, muy típico de un político tan avezado como es el señor Fernández". Así, Francisco Baena Bocanegra ha destacado que "fundamentalmente, lo que ha venido es a clarificar todo el sistema de subvenciones por el que discurre formalmente este tipo de subvenciones excepcionales" y ha insistido en que se ha tratado de "una sesión muy tranquila y enriquecedora para el esclarecimiento de la verdad".

De cualquier forma, y según el acta de declaración recogida por Europa Press, la comparecencia de Antonio Fernández ha estado centrada en los 450.000 euros supuestamente reclamados por Mellet y Ponce a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza' a cambio de la concesión de un proyecto de escuela de hostelería subvencionado por la Consejería de Empleo, extremo investigado por la citada instancia judicial en unas diligencias en las que figuran como imputados ambos ex directivos, Antonio Rivas y la funcionaria Regla Pereira.

El papel de juan lanzas

Durante su comparecencia, Antonio Fernández ha reconocido que por motivos de su antiguo cargo, conoce al ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Mercasevilla, un procedimiento también investigado por la juez Mercedes Alaya en otras diligencias. No obstante, y ante a las tesis de los empresarios del grupo hostelero, Antonio Fernández ha declarado que desconoce si el ex sindicalista asistió a algún encuentro con los cargos de su departamento en cuanto a la promoción de ayudas como la acordada para esta escuela de hostelería, pero sí a defendido que "nunca podría asistir a las reuniones como asesor, nunca en esa calidad".

A tal efecto, ha defendido que Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno en la tramitación de la subvención excepcional" resuelta por la Consejería de Empleo para la escuela de hostelería en cuestión, un proyecto que, según ha declarado, surgió a iniciativa de la Federación provincial de Hostelería y del propio Antonio Rivas al objeto de formar a "mano de obra especializada" para este sector. Igualmente, ha señalado Fernández que no le consta que Lanzas "haya intervenido como negociador en ningún expediente de concesión de subvención excepcional ni en ningún expediente de regulación de empleo. Sí ha admitido que "coincidió" con Lanzas en lo que refiere al "expediente" correspondiente a la empresa jiennense Cárnicas Molina, perteneciente al grupo Primayor Andalucía.

El destinatario de la subvención

Además, Antonio Fernández ha defendido que la destinataria de esta subvención excepcional librada por la Consejería de Empleo para esta escuela de hostelería en cuestión era la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, porque de la documentación expuesta por la representación jurídica del PP en su papel de acusación, "no se desprende que la explotadora de la escuela de hostelería iba a ser el grupo 'La Raza'. Lo único que consta es que las instalaciones donde se iba a ubicar habían sido cedidas por 'Restauraciones Alazar S.L.'.

A tal efecto, ha defendido que "nunca se le dijo que fuera el grupo 'La Raza' la entidad que iba a explotar la escuela de hostelería, sino la propia fundación. Al hilo, ha atribuido al grupo empresarial el papel de "asesor técnico" en el proyecto porque alega desconocer "los acuerdos privados que pudieran existir entre la fundación, la Federación de Empresarios de Hostelería y el grupo 'La Raza'. Bajo la premisa de que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla era la destinataria final y única de esta subvención excepcional, Antonio Fernández ha defendido que "no tiene sentido" que en torno al cobro de la ayuda fuera orquestada una petición de comisiones ilegales.

Rivas no se opuso a elevar el caso a la fiscalía

Antonio Fernández ha corroborado también al ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, porque éste último, desde el citado cargo, "nunca puede comprometer la cantidad de 900.000 euros" para una ayuda como la aplicada al proyecto de la escuela de hostelería, competencia que según ha defendido corresponde al propio consejero de Empleo. En ese sentido, señala que lo que Fuentes Doblado hizo fue "proponer" esta cantidad en base a una "estimación del gasto" de la mencionada iniciativa.

Insistiendo en la propia ayuda librada para este proyecto, Antonio Fernández ha negado que fuese modificado el modelo de creación de la propia escuela de hostelería porque "mediante subvenciones excepcionales, se han podido crear 15 ó 20 escuelas de hostelería público-privadas". Y es que Fernández ha esgrimido que el modelo de subvención excepcional está "reglado" y es factible siempre que concurra "un interés público". Finalmente, Antonio Fernández ha asegurado que Antonio Rivas "nunca se opuso" a la idea de elevar a la Fiscalía el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, extremo acordado por su gabinete después de tener traslado de la grabación sonora que contenía este supuesto.