La ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno del Principado, María Jesús Otero Rebollada, imputada en la trama de contrataciones ilegales que instruye el juzgado número 4 de Gijón, vendió a una de las empresas investigadas —Almacenes Pumarín— un piso de 78,84 metros cuadrados por un valor de 360.000 euros el 31 de julio de 2010, cinco días antes de producirse su cese como cargo público el 5 de agosto del mismo año.

La vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad de Llanes, firmado por el registrador Enrique Aznar Rivero, al que tuvo acceso Europa Press, es un segundo piso en el edificio denominado La Bolera en la calle de San Agustín en el barrio de San Roque.

Se distribuye en hall-distribuidor del cual se accede a las dependencias de la vivienda como son salón-comedor, cocina, dos baños y tres dormitorios. Tiene vistas y luces a la calle San Agustín y a patio de luces del edificio. Mide en superficie construida 92,38 metros y en superficie útil 79,84 metros.

Esta información fue puesta a disposición de la jueza que instruye el caso, Ana López Pandiella, por parte de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) "por si fuera de utilidad a la investigación".

Aún continúan las investigaciones. Por el momento se encuentran en prisión por este asunto el ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno del Principado, María Jesús Otero y la ex funcionaria del Principado, Marta Renedo, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Por otro lado, la jueza ha decretado este jueves la libertad provisional con cargos para los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín. Ambos tendrán la obligación de presentarse en el juzgado de inspección que lleva el caso todos los viernes y cada uno cuenta con un plazo de cinco días para hacer el pago de una fianza de 300.000 euros.